Juan Camilo Mouriño tiene estrella, su breve biografía así lo consigna. Exitoso empresario que sin problemas mayores se encuentra en una de las posiciones gubernamentales más codiciadas: Gobernación. Cuántos de mayor trayectoria y preparación nunca llegarán a ese puesto. Mouriño es vivo ejemplo que confirma la sentencia de Carlos Hank González: un político pobre es un pobre político. Juan Camilo es prueba fehaciente que resuelve la dicotomía entre el ser y el parecer. Lo que vale es el estar en el lugar y a la hora precisa. En su condición de bendito, capacidad y saber son añadidura dispensable.
El domingo 24 de febrero el secretario fue designado por el presidente Felipe Calderón orador oficial en una de las ceremonias más representativas del calendario cívico, el día de la Bandera. Presentó una pieza plana, sensiblera, con la suficiente discreción para no dar lugar a la admiración y hacer nota en interiores. Lo más destacado del día fue el dispositivo de seguridad de la comitiva presidencial y la insolación de la concurrencia que se dio cita en Iguala, Guerrero. Lo que dijo Mouriño no despertó mayor comentario pues estuvo exento de definiciones a debatir. Por si acaso, situar a la bandera como el símbolo que “convoca a la clase política nacional a reflexionar en torno al país que queremos seguir construyendo y las decisiones que debemos tomar para lograrlo.” ¿Y? Pues nada, que tiene estrella y lo que eso pueda significar para atajar el cúmulo de divisiones que agrietan a la sociedad.
El mismo domingo, en otro lugar y minutos después, a las afueras de la Torre de Petróleos en la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador presidía, junto a sus correligionarios, una asamblea popular para definir las acciones en defensa del petróleo. En dicha concentración acusó de traficantes de influencias a funcionarios del actual gobierno federal, incluido Juan Camilo. Entregó un legajo de papeles a manera de pruebas al mismísimo jefe de los diputados perredistas en San Lázaro, Javier González Garza, quien cariacontecido los recibió, tal vez por la rechifla de la que fue objeto. Pero la asamblea convocada tuvo la mala fortuna de atravesarse en el camino a la elección de nuevos dirigentes del PRD. Bajas pasiones se exhibieron y el senador Carlos Navarrete padeció un altercado con militantes de su partido que varios medios le dieron el carácter de “linchamiento” Y esa fue la nota que empañó el evento.
Lo sucedido el día domingo es fiel reflejo del diálogo de sordos que suscribe la clase política y que no merece mayor relevancia y condena. La confianza en el no pasa nada es total. Nadie recoge el mensaje del secretario en Gobernación. A su vez, éste no da acuse de recibo de las acusaciones que se le hacen. La conciliación es imposible y no hay pacto político que se divise en el horizonte, cuando precisamente ha sido la capacidad de llegar a acuerdos de envergadura lo que le ha permitido al país enfrentar el desafío de la convivencia.
Tal vez JCM no se sepa bien la historia o nadie de sus cercanos se la ha glosado, al menos la que se refiere al México posrevolucionario. La fundación del Partido Nacional Revolucionario como un pacto que hizo las paces entre los caudillos en 1929. Su trasformación en Partido de la Revolución Mexicana (1938) que fundó un pacto corporativo suscrito entre militares y organizaciones de masas. Después se dio paso al Partido Revolucionario Institucional, que readecuó el pacto y consideró necesario sacar de la política militante al Ejército (1946). Un pacto corporativo exitoso que en su proceso de desgaste halló su ruptura hasta 1987 con la disidencia de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, temporalmente sustituido por la breve época de los pactos económicos que iniciaron en ese año y le dieron un peso desproporcionado a los empresarios en las decisiones políticas. Con Ernesto Zedillo los pactos económicos ya no funcionaron como punto de cohesión de la clase política, sólo la reforma política pactada en 1996 ofreció un respiro (y ya expiró).
Desde el 2000, año en el que el Partido Acción Nacional llegó al poder, se ha prescindido de los pactos. No se sabe si los panistas sobredimensionan los resultados electorales o porque sus gobernantes descaradamente patrocinados por empresarios como Lorenzo Servitje y Roberto Hernández tengan que pedirles permiso, quedando en la condición de empleados que solo rinden cuentas a su patrones.
La verdad es que ya lo diga el Gallego, ya lo diga el Peje, digan lo que digan -y ya lo dijo Juan Gabriel Valencia en Milenio Diario- a la gente le vale madres.
El domingo 24 de febrero el secretario fue designado por el presidente Felipe Calderón orador oficial en una de las ceremonias más representativas del calendario cívico, el día de la Bandera. Presentó una pieza plana, sensiblera, con la suficiente discreción para no dar lugar a la admiración y hacer nota en interiores. Lo más destacado del día fue el dispositivo de seguridad de la comitiva presidencial y la insolación de la concurrencia que se dio cita en Iguala, Guerrero. Lo que dijo Mouriño no despertó mayor comentario pues estuvo exento de definiciones a debatir. Por si acaso, situar a la bandera como el símbolo que “convoca a la clase política nacional a reflexionar en torno al país que queremos seguir construyendo y las decisiones que debemos tomar para lograrlo.” ¿Y? Pues nada, que tiene estrella y lo que eso pueda significar para atajar el cúmulo de divisiones que agrietan a la sociedad.
El mismo domingo, en otro lugar y minutos después, a las afueras de la Torre de Petróleos en la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador presidía, junto a sus correligionarios, una asamblea popular para definir las acciones en defensa del petróleo. En dicha concentración acusó de traficantes de influencias a funcionarios del actual gobierno federal, incluido Juan Camilo. Entregó un legajo de papeles a manera de pruebas al mismísimo jefe de los diputados perredistas en San Lázaro, Javier González Garza, quien cariacontecido los recibió, tal vez por la rechifla de la que fue objeto. Pero la asamblea convocada tuvo la mala fortuna de atravesarse en el camino a la elección de nuevos dirigentes del PRD. Bajas pasiones se exhibieron y el senador Carlos Navarrete padeció un altercado con militantes de su partido que varios medios le dieron el carácter de “linchamiento” Y esa fue la nota que empañó el evento.
Lo sucedido el día domingo es fiel reflejo del diálogo de sordos que suscribe la clase política y que no merece mayor relevancia y condena. La confianza en el no pasa nada es total. Nadie recoge el mensaje del secretario en Gobernación. A su vez, éste no da acuse de recibo de las acusaciones que se le hacen. La conciliación es imposible y no hay pacto político que se divise en el horizonte, cuando precisamente ha sido la capacidad de llegar a acuerdos de envergadura lo que le ha permitido al país enfrentar el desafío de la convivencia.
Tal vez JCM no se sepa bien la historia o nadie de sus cercanos se la ha glosado, al menos la que se refiere al México posrevolucionario. La fundación del Partido Nacional Revolucionario como un pacto que hizo las paces entre los caudillos en 1929. Su trasformación en Partido de la Revolución Mexicana (1938) que fundó un pacto corporativo suscrito entre militares y organizaciones de masas. Después se dio paso al Partido Revolucionario Institucional, que readecuó el pacto y consideró necesario sacar de la política militante al Ejército (1946). Un pacto corporativo exitoso que en su proceso de desgaste halló su ruptura hasta 1987 con la disidencia de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, temporalmente sustituido por la breve época de los pactos económicos que iniciaron en ese año y le dieron un peso desproporcionado a los empresarios en las decisiones políticas. Con Ernesto Zedillo los pactos económicos ya no funcionaron como punto de cohesión de la clase política, sólo la reforma política pactada en 1996 ofreció un respiro (y ya expiró).
Desde el 2000, año en el que el Partido Acción Nacional llegó al poder, se ha prescindido de los pactos. No se sabe si los panistas sobredimensionan los resultados electorales o porque sus gobernantes descaradamente patrocinados por empresarios como Lorenzo Servitje y Roberto Hernández tengan que pedirles permiso, quedando en la condición de empleados que solo rinden cuentas a su patrones.
La verdad es que ya lo diga el Gallego, ya lo diga el Peje, digan lo que digan -y ya lo dijo Juan Gabriel Valencia en Milenio Diario- a la gente le vale madres.
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