martes, 3 de julio de 2007

Siete meses

Han pasado siete meses de gobierno del actual sexenio, se ha cumplido un año de la elección. El dos de julio sigue atravesado en la prensa escrita como una mala digestión, se regurgita la fecha y no por mera terquedad de entregarse a ese reflujo alimenticio de rumiantes. Son siete meses en que el ejercicio gubernamental no ha desplegado su ensalmo legitimador. Los recursos de los que dispone el Ejecutivo no se han aplicado a cabalidad o se han aplicado mal, o para efectos no inmediatos, es el caso del combate al narcotráfico.

No es persistir en el alegato del fraude electoral o en la eficacia de salir a las calles. Se trata del gobierno en turno, de sus capacidades para legitimarse en el ejercicio de sus funciones. Qué tenemos, en qué le han ayudado sus colaboradores al presidente. Es un aspecto importante para el cual no hay encuesta o anuncio publicitario pueda resolver la aptitud del equipo. La lucha contra la delincuencia organizada, a la propuesta insignia del gobierno se le suponía una preparación sólida cuando lo único sólido fue confiarse en la obediencia del Ejército. Ahora se reconoce que los responsables directos, SSP y PGR, estaban más que infiltrados y se recurre a rotar los mandos policíacos, a darles otra asignación burocrática a los que no pudieron. La eterna improvisación.

Tenemos una Secretaría de Gobernación que flota en el ambiente, que discurre en una retórica rancia: “por instrucciones del Sr. Presidente” “de acuerdo a la normatividad vigente” y muletillas por el estilo. Es hora que en Gobernación no se han plantado como el componente de mayor desgaste del gabinete, no les importa y prefieren atrincherarse en sus oficinas. Tampoco se tiene idea de cuáles son las funciones y obligaciones de la Oficina del la Presidencia, sólo sabemos que su titular es el número dos del gobierno y sus dos grandes tareas comentadas en los medios han sido: atender la grilla al interior del PAN y estar al tanto de la operación electoral en las elecciones locales. Las actividades partidistas en detrimento del servicio público.

En el gabinete económico Agustín Carstens tiene suficientes y sobradas calorías para las encomiendas que tiene asignadas. En su primera actuación sacó sin mayores problemas la ley de ingresos y egresos. Carstens fue artífice de la nueva ley del ISSSTE y hoy encuentra su mayor desgaste con los trabajos para la aprobación de la llamada reforma fiscal. Cree en el neoliberalismo y tiene que convencer a una mayoría de incrédulos. No se le ve apoyo ostensible de sus compañeros, ni del partido gobernante. De seguir así, el fastidio lo alcanzará pronto. No se ve que lo ayude Luis Téllez, que mas parece quiere despachar en Palacio Nacional, pues Comunicaciones y Transportes definitivamente no es lo suyo. No se ha fajado frente a la ley de radio, televisión y telecomunicaciones que echó abajo la SCJN. No se ha posicionado frente al tema del aeropuerto internacional de la Cd. de México. Su oferta de reprivatizar las carreteras se ha visto empañada por el desastre sin fin de la autopista del sol. Otra transfugaz estrellita no ha hecho mejor las cosas. En Trabajo y Previsión Social, el encargado Javier Lozano debe su notoriedad al cambio de sus oficinas, a la polémica con Marcelo Ebrard sobre las marchas y el libre tránsito y a su reciente afiliación al PAN. No ha dicho para cuando la reforma laboral.

Qué decir del gabinete social: nada.

Si así está el equipo de trabajo presidencial es lógico que la legitimación por la vía del ejercicio se demore ¿Hasta cuándo? No hay fecha precisa, pero tómese por seguro que mientras la legitimación llega o se hace, el descontento social estará a disposición de quien lo deseé encabezar. Gobernando desde la sombra, López Obrador sigue siendo un líder con ganas de capitalizar ese descontento a plena luz del día. A un año después de las elecciones vuelve a ser él, el tema obligado en los medios.

Desde el campo de las instituciones, el Congreso (visiblemente liderado por Manlio Fabio Beltrones) construye una reforma del Estado que es esclusa obligada en el imaginado paquete de reformas de la actual administración.

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