Lo no escrito, lo inesperado. El guión que se guarda, el que la realidad impone. Intenciones centradas en la generación de empleo no tienen su mejor momento. La confrontación contra el crimen organizado ha modificado el esquema. Mil muertos, consigna en su editorial El Universal. Cualquiera otra cosa que suceda en el ámbito político, como las deliberaciones y sentencias de la SCJN, los informes del Banco Mundial, X. La información pierde relevancia ante la nota roja que da forma la violenta reacción del crimen organizado.
El blanco de la delincuencia no tiene casualidades, intimidar para imponerse al Estado es su propósito. El viernes atacaron a la escolta del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que acompañaba sus hijos de vacaciones por el puerto de Veracruz. Cuatro escoltas muertos. En Ixtapa Zihuatanejo fueron atacados miembros de la Armada, un marino muerto. El lunes 14, un alto funcionario de la PGR, José Lugo Félix, fue interceptado y acribillado sin siquiera salir de su camioneta en el Distrito Federal.
La improvisación no deja fluir la estrategia. Los recursos legales y humanos no se encuentran en la mejor articulación. La ley expresamente sitúa a la PGR al frente de la lucha contra el narcotráfico, pero es el ejército el que está por delante. De nuevo, por decreto se crea un cuerpo especializado dentro del Ejército para combatir al crimen organizado y lo que se quiera entender por perturbación del orden. Estar contra el crimen sin proteger garantías individuales es un riesgo de atacar la ilegalidad con su semejante.
Cuánto es el recurso humano del que dispone el Estado contando a los policías municipales, ministeriales, PFP, AFI, además del Ejército y la Marina. ¿Están equipados, capacitados para dar la batalla a plenitud? O es, como parece, un contingente desigual, incluso infiltrado sensiblemente por el enemigo. ¿Cuál es la dimensión del enemigo en sus ejes de banda organizada, económico y el social? ¿Tiene un componente político?
Vamos a la guerra con encendidos discursos, de irrebatible arenga, al fin que a la cuenta de los muertos no se le ha puesto límite. Y en todos estos meses el Ejecutivo se ve solo, distraído incluso por escaramuzas como la que se libra al interior del PAN por el nombramiento de sus consejeros. A quién le importa la lealtad de esos consejeros, si están con Calderón o con Espino. Eso no importa frente a la magnitud del combate a las redes del narcotráfico.
Ante la emergencia no hay solicitud pública del Ejecutivo para que el Congreso legisle sobre ésta y encuadre dentro de la ley los operativos del Estado. Seguro que lo ha pensado. Qué lo detiene, la falta de una mayoría legislativa propia, adicta. Mayoría que sólo se construiría cediendo ante la oposición. Ceder es la forma más sutil de ejercer el poder que el orgullo no deja ver. Pero si la guerra contra el crimen organizado se calcula de larga duración, más allá de los límites temporales de un sexenio, más vale que de una vez los poderes de la república se sincronicen para dar la batalla.
El blanco de la delincuencia no tiene casualidades, intimidar para imponerse al Estado es su propósito. El viernes atacaron a la escolta del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que acompañaba sus hijos de vacaciones por el puerto de Veracruz. Cuatro escoltas muertos. En Ixtapa Zihuatanejo fueron atacados miembros de la Armada, un marino muerto. El lunes 14, un alto funcionario de la PGR, José Lugo Félix, fue interceptado y acribillado sin siquiera salir de su camioneta en el Distrito Federal.
La improvisación no deja fluir la estrategia. Los recursos legales y humanos no se encuentran en la mejor articulación. La ley expresamente sitúa a la PGR al frente de la lucha contra el narcotráfico, pero es el ejército el que está por delante. De nuevo, por decreto se crea un cuerpo especializado dentro del Ejército para combatir al crimen organizado y lo que se quiera entender por perturbación del orden. Estar contra el crimen sin proteger garantías individuales es un riesgo de atacar la ilegalidad con su semejante.
Cuánto es el recurso humano del que dispone el Estado contando a los policías municipales, ministeriales, PFP, AFI, además del Ejército y la Marina. ¿Están equipados, capacitados para dar la batalla a plenitud? O es, como parece, un contingente desigual, incluso infiltrado sensiblemente por el enemigo. ¿Cuál es la dimensión del enemigo en sus ejes de banda organizada, económico y el social? ¿Tiene un componente político?
Vamos a la guerra con encendidos discursos, de irrebatible arenga, al fin que a la cuenta de los muertos no se le ha puesto límite. Y en todos estos meses el Ejecutivo se ve solo, distraído incluso por escaramuzas como la que se libra al interior del PAN por el nombramiento de sus consejeros. A quién le importa la lealtad de esos consejeros, si están con Calderón o con Espino. Eso no importa frente a la magnitud del combate a las redes del narcotráfico.
Ante la emergencia no hay solicitud pública del Ejecutivo para que el Congreso legisle sobre ésta y encuadre dentro de la ley los operativos del Estado. Seguro que lo ha pensado. Qué lo detiene, la falta de una mayoría legislativa propia, adicta. Mayoría que sólo se construiría cediendo ante la oposición. Ceder es la forma más sutil de ejercer el poder que el orgullo no deja ver. Pero si la guerra contra el crimen organizado se calcula de larga duración, más allá de los límites temporales de un sexenio, más vale que de una vez los poderes de la república se sincronicen para dar la batalla.
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