Pertrechada delincuencia

El viernes 26 de junio, al despuntar la mañana por el rumbo de las Lomas de Chapultepec, el jefe de la policía de la Ciudad de México -Omar García Harfuch- fue objeto de un atentado. Él resultó herido y dos de sus colaboradores fallecieron. Como es común en el transcurrir de este sexenio, el suceso se convirtió en arma para los detractores del actual gobierno. Esos detractores, que le llaman dictador al presidente de la república, exigen una declaración de guerra en contra de la delincuencia organizada. Un camino fracasado. Nada mas recordar la guerra de Felipe Calderón, fue simulación o a medias declaración de guerra, de pacto inconfesado con el crimen. Una guerra traumática cuya lección funesta -que no se ha extinguido- ha sido habituar a la sociedad, en una disposición de resiliencia ante la violencia criminal y sin posibilidades de que la justicia se haga valer.

Foto divulgada en twitter por Santiago Nieto

La coyuntura y la disputa política suelen empañar la visión, la cual se agrava en la sobreexposición de los personeros que hablan desde los intereses afectados por la transformación en curso.

Por ello, poner un marco vivencial de referencia para permitir un alejamiento de la coyuntura y no quedar abismados ante el acontecimiento delictivo cargado de violencia. La referencia vivencial es a la que todos podemos dar crédito porque ha acompañado nuestra biografía, a unos más a otros menos, de acuerdo con el año de nacimiento de cada uno.

1946, año en el que se estipula el nuevo nombre del partido que surgió de la revolución mexicana, el Partido Revolucionario Institucional. Los que nacieron desde 1936 y antes, les tocó vivir la formación y desarrollo del estado social burocrático, con monopolio del poder político en un partido, el arbitraje de las disputas sociales y una combinación de economía mixta (sector público-sector privado) Fórmula para la paz social que presumió el PRI.

1982, año del giro político y experiencia de vida para los que nacieron desde 1972 y antes. El inicio de la inhibición de las capacidades económicas del Estado, la navegación en el “pluralismo” y la “alternancia” políticos, bajo la participación creciente de grandes intereses económicos privados, los cuales también fueron agraciados por una liberalización comercial que resultó amañada. El fortalecimiento de los entes autónomos y la explosión y posterior habituación estructurada del crimen organizado. En contra de toda publicidad considerada o de exposición de motivos en avenimiento de la democracia electoral y el libre comercio, se estableció el estado oligárquico delictivo. Es en este periodo que la paz social se deterioró. El origen de la violencia criminal que seguimos padeciendo.

2018, el año en el que la mayoría de los mexicanos decidimos tomar un rumbo para salir de la injusticia, las desigualdades oprobiosas y el flagelo de la inseguridad. Los que nacieron en el año 2008 testificarán de manera incomparable el periodo que se abre camino, el de la cuarta transformación que se está escribiendo. El estado social de derecho.

Volvamos ahora al inicio de este artículo, lo que concierne al fenómeno delictivo, a los componentes cubiertos por un manto de impunidad o que se invisibilizan con frecuencia, los que permiten al crimen organizado establecer un “poder” a todas luces ilegal. Una base social procreada por las iniquidades del mercado (que se profundizan en un mercado amañado) y el abandono del Estado precedente. Autoridades que pactan o se someten a la voluntad de los delincuentes organizados (el juicio que se ventila en Nueva York a Genaro García Luna es un ejemplo del dominio público sobre el tema) Un poder judicial connivente o amenazado por los cárteles, jueces inhibidos para hacer justicia hasta el caso extremo de ser ejecutados o ponerse en fuga por la ventana letrista.

El gobierno actual ha sido explícito en su estrategia para debilitar a la delincuencia organizada en su base social. La piedra está en la colaboración con otros niveles de gobierno y en las decisiones de los jueces. Cuestión de soberanías y competencia de poderes constitucionales. A manera de ejemplo, la demanda por la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley vigente que legaliza la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad, interpuesta por una legisladora del PAN, en su calidad de presidenta de la comisión permanente del congreso de la unión.

Así de complicado, pero no imposible, realizar el cambio instruido por la ciudadanía al gobierno del presidente López Obrador.

El movimiento por los privilegios

“Pero ¿y las clases humildes, que, a fin de cuentas, constituían la inmensa mayoría de la población? ¿Podían ejercer su derecho ‘a la libertad de elección individual’?”

Gonzalo Pontón

Ante el contagio activo por causa del SARS-cov2, el autocuidado es la mejor defensa que se tiene en todo el mundo. Las recomendaciones son similares, son las condiciones de recepción del virus las que marcan diferencias entre los países. Desgraciadamente en México, la desigualdad social y el desmantelamiento parcial del sistema de salud público -que tenía como rumbo la privatización- han sido dos adversidades que afrontar en el curso de la pandemia.

Pero la emergencia sanitaria, además, se ha convertido en ocasión propicia de la que trata sacar provecho la oposición a la cuarta transformación. La oposición de derecha saca a relucir su viejo repertorio, anticomunismo y “guadalupanismo”, clasismo y racismo. Todo este rancio bagaje endulzado con el supuesto, falso, de la amenaza a las libertades.

Lo que en realidad congrega a esta oposición es la defensa de privilegios, que, sin estar postulados como tales, se incrustaban en el entramado jurídico a sabiendas de incurrir en la simulación e ilegalidad (lo que hoy por la mañana expusieron durante la conferencia del presidente, la jefa del SAT y el procurador fiscal de la federación, son demostración de esto último) El privilegio no era declarado como tal. La facultad del presidente de conceder condonaciones fiscales, la tipificación de la corrupción como delito no grave, por poner dos ejemplos. Ahí se localizaban dos herramientas para la procreación de privilegios a la salud de las grandes empresas, en complacencia con las autoridades con las que llegaban a acuerdos.

Por eso la reacción de poderosos empresarios y su disposición a financiar movimientos en contra del actual gobierno, que se puede dar dentro y fuera de los procesos electorales. Lo primero tiene limitaciones legales, lo segundo no tanto. Es el caso de la financiación de membretes que han venido ensayando de tiempo atrás, como los que ha fundado Claudio X. González, y que funcionan como grupo de choque ejerciendo violencia simbólica.  Mexicanos primero, se utilizó para desprestigiar al magisterio nacional y sirvió para allanar el camino de la llamada reforma educativa de Peña Nieto. Después vino mexicanos contra la corrupción, dando espectacular golpe periodístico en contra de una extitular de la Sedesol, de la política social y de algunas instituciones públicas de educación superior, dejando fuera de, por lo menos, las omisiones y falta de vigilancia de la SHCP y la SFP. Curioso que no se enfocaran en dependencias con mayores desfalcos al patrimonio, la SCT y la SE. Eso sí, la familia X. ya sentía a J. A. Meade el próximo presidente de México a partir de las elecciones del 2018.

Dentro del sector empresarial hay un subgrupo, el de los consorcios de prensa, radio y hasta televisión, quienes además de acceder a los privilegios fiscales ya mencionados, contaban con los recursos de la publicidad del gobierno federal, tan generosa era en su distribución que alcanzaba a repartir a los portales de noticias. La publicidad ya se ajustó a la austeridad y el privilegió prácticamente se canceló. Por eso la beligerancia de los medios tradicionales en contra del gobierno de López Obrador.

Me encontré esta imagen que subió el grupo de senadores de Movimiento Ciudadano en septiembre de 2018, la cual acompañaba una propuesta legislativa en contra de algunos privilegios.

Hay otros agrupamientos de privilegiados que están en la línea del movimiento por los privilegios o estarían dispuestos a integrarse. En los últimos años se ha creado un grupo de privilegiados, que sin ser típico poder constitucional, ha venido a formar la llamada burocracia dorada, a partir de los entes autónomos, que por ley han sido investidos de privilegios pecuniarios y, por lo tanto, son sus corajudos defensores y se resisten a la austeridad; está el bloque de gobernadores que tampoco les agrada la austeridad, se les olvida que la ciudadanía ya no quiere saber de los Duarte, los Yunes y Padrés; otro grupo de privilegiados son los dirigentes partidistas. Desde que el dinero público se hizo su sustento fundamental, casi único, de los institutos políticos. El enriquecimiento por el ejercicio de la actividad partidista dejó de ser monopolio del PRI. Todos entraron al aro, a pesar del desarraigo social que les provocó, el PRD es el caso más notorio.

Estos vectores son los propulsores efectivos del movimiento por los privilegios. El nombre formal es lo de menos. Lo que importa saber es qué quieren y eso los mantiene alejados del pueblo.

El patrimonialismo de los privados

No hace muchos años, desde el último tercio del siglo pasado, se formuló en circuitos académicos la crítica al aprovechamiento ilegal de los recursos públicos en beneficio del servidor público. De manera suave, esa crítica llamaba a esa práctica indebida patrimonialismo. Con el correr del tiempo esa práctica evolucionó y se mantiene como una de las causas que han profundizado las desigualdades sociales. Pese a los aires de modernidad, el patrimonialismo adquirió nuevos bríos bajo la bandera de la liberalización económica, sin abolir el patrimonialismo consuetudinario en las altas esferas de la burocracia y del poder político.

¿Qué sucedió con la apertura comercial? Se abrió paso al patrimonialismo sobre los recursos de la nación en interés privado, el aprovechamiento de los recursos fiscales por parte de empresas privadas. No era solamente el mercado el que estructuraba la contabilidad de las grandes empresas y sus ganancias. La extracción de recursos públicos se hizo mecanismo para la acumulación privada. La conversión de deuda privada en pública. Las condonaciones fiscales. Los contratos leoninos donde se privatizaban las ganancias y las pérdidas las absorbía el gobierno de turno. El incumplimiento de las obligaciones tributarias por diferentes vías. Multimillonarias cantidades de dinero que no llegaban para robustecer el ejercicio de los derechos sociales: alimentación, educación, sanidad, derechos humanos.

Al patrimonialismo privado se incorporaron los medios de comunicaciones tradicionales y sus periodistas que estiraron la liga del gasto en publicidad gubernamental hacia sus portales. Con los recursos públicos se sustraían a la ley del cuchillo del mercado. Las asociaciones civiles y despachos, con los contactos debidos, también se incorporaron a degustar del presupuesto. Los empresarios de la cultura gustosos pasaban por su rebanada sin que el libre comercio se ruborizara. Los prestadores de servicios que se multiplicaron para operar como intermediarios en la distribución de recursos de los programas agropecuarios, forestales, etc.

Fotografía de Alfredo Castillo para gettyimages.

Una variante del patrimonialismo ocurrió en los partidos políticos. Durante décadas, el aprovechamiento de los recursos del Estado fue monopolio del Partido Revolucionario Institucional. La “democracia” y la “pluralidad” acabaron con ese monopolio. Los partidos, de acuerdo con los votos obtenidos, se monetizaron en el presupuesto sin advertir el efecto perverso, su desarraigo de la sociedad, más menos, perdieron anclaje social al dedicarse a la depredación presupuestal. No se puede explicar de otra manera la apabullante victoria de Morena en el 2018 y la caída de sus adversarios.

La transformación en marcha da en el corazón de esos patrimonialismos, ha convulsionada hasta la irritación de todos los que se encontraban instalados a plenitud en este ecosistema patrimonialista. Para ellos la historia había llegado a su fin. Para la gran mayoría la historia comenzaba, Pese a las adversidades, se constituyó un movimiento mayoritario con el propósito de reconstituir los derechos sociales y del Estado (Artículo 25 constitucional) para procurar la dignidad de las personas, de las mayorías excluidas, para desde la fortaleza de la Constitución asegurar la equidad y la justicia, como la vía para asentar la paz destruida por una minoría de la sociedad.

Esa mayoría se volverá a mostrar en las próximas elecciones y hay que tener en mente las acciones posibles de la minoría rapaz.