jueves, 31 de agosto de 2017

Un contratista a cada político le dio Dios

La palabra contratismo no está incluida en el Diccionario de la Real Academia Española, pero la usamos como vocablo despectivo para señalar un contrato amañado desde su concurso público, entre los funcionarios encargados de tal o cual obra pública -bien y servicio también. Para ello procuran un contratista a modo y así obtener un beneficio monetario o material en goce y disfrute particular, como si lo hubiera conseguido con sus propios recursos.

El contratismo ha sido señalado por décadas en México. Las reformas, la modernización, no lo han caducado. Es una práctica sin peligro de extinción, hijo bastardo de lo público-privado. Las constructoras son las empresas mejor cualificadas para estos enjuagues. En el elenco de los últimos años han estado Oceanografía, HIGA, OHL y, por supuesto, Aldesa y Epccor, responsables del Paso Exprés y del socavón que se formó en julio pasado en la pista, como llaman coloquialmente los morelenses a la vialidad que enlaza a la autopista México-Cuernavaca con la autopista del Sol.

Un ejemplo de cómo se cocinan parcialmente los contratos por obra se encuentra en el siguiente enlace online de la revista Proceso (<http://www.proceso.com.mx/194366/contratismo-privilegiado) En el se cuenta como se fraguó el impulso de los segundos pisos de la Ciudad de México, en provecho de dueños de constructoras pertenecientes a la comunidad judía. Y, por favor, no acusar a la revista citada de antisemita.
Casos hay en exceso y el país aguanta. Sólo me referiré a la actuación torpe de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de comunicaciones y transportes, con relación al hundimiento en el Paso Exprés ocurrido el 12 de julio.

En términos de información gubernamental, Ruiz Esparza tenía a su favor varios documentos: la convocatoria de licitación de obra, con todos los detalles y exigencias de la misma, haciéndolo cabeza responsable. Un dictamen que dio por buena la asignación de la obra a la mejor oferta y definió responsables de la ejecución a Altesa y Epccor. Un contrato donde quedan estipulados los compromisos formales. Una bitácora de avance de obra. Supongo un convenio de coordinación con el gobierno del estado de Morelos y el municipio de Cuernavaca, al menos. También un estudio de impacto ambiental refrendado por Semarnat. Todo dispuesto para hacer una obra con durabilidad, que no mostrará sus deficiencias fatales a los tres meses de ser inaugurada.

Por lo que ha comunicado el funcionario en cuestión, éste se ha dedicado a formular su propia exculpación. Decir que fueron las lluvias y el alcantarillado quienes se complotaron para exhibir las deficiencias de la vialidad federal recién “mejorada” es sacarle la vuelta por parte de la primera autoridad responsable. Ya la comparecencia ante legisladores del 22 de agosto, acaecida cuarenta días después, fueron ganas de darle carpetazo.


Dos acciones sin cubrir de manera inmediata de parte de Ruiz Esparza, tras difundirse el colapso de un punto de la carretera: una, permanecer cerca de la familia afectada y demostrar una condolencia activa antes que apática; dos, poner en alerta ante la función pública a las empresas constructoras, suspendiendo sus actividades en México hasta el esclarecimiento cabal de caso. La actuación fue otra. Autoridad responsable y empresas se lavaron las manos. Su proceder ha sido inmoral y con eso dudo que la ley los alcance para darles castigo.

miércoles, 23 de agosto de 2017

Versión oficial

Para que la corrupción de las altas esferas del poder público siga impune, se impone una recomendación que hace escuela: no dejar evidencias, ocultar con papeles y cifras. Para así, impostar con la afirmación ¡Fue legal!

Por eso la corrupción de altos vuelos es difícil de aniquilar, así haya leyes y exposición en los medios con el propósito de extirpar el peculado y el cohecho en el que incurren los altos funcionarios. Cuando se llega a castigar una malversación de los recursos públicos se coloca en el banquillo a un funcionario menor o hasta una secretaria. Sucede a veces que la motivación política esté de por medio: se llama venganza.

Siendo que los casos de PEMEX -Emilio Lozoya Austin- y de SCT -Gerardo Ruiz Esparza van de la mano de un mismo grupo político, aquí me detendré en el primero para hacer algunos comentarios.


El ex director de PEMEX ha dicho: mi casa (de 38 millones de pesos) es fruto de mi trabajo en la iniciativa privada. Parecida declaración a la de Angélica Rivera sobre su casa en las Lomas, adquirida por una millonaria y generosa liquidación por parte de Televisa. Yo no firmé documento que me incrimine, sostiene ELA. Lo mismo dijo Enrique Peña Nieto cuando explotó el escándalo de su casa en Ixtapan de la Sal, estado de México. Vaya que se hace escuela.

Han de saber que la administración financiera de PEMEX es revisada por la Secretaría de Hacienda, la de Energía, la Auditoría Superior de la Federación y la auditoría externa realizada por el despacho que se contrate (La CFE, por ejemplo, en los tiempos de Alfredo Elías Ayub, presumía de la revisión que le hacía Transparencia Mexicana) No hay manera fehaciente, de acuerdo a lo documentado, de encontrar los diez millones de dólares que los directivos de Odebrecht -Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll- acusan haber trasladado a ELA.

Se trata de un arreglo informal, en el uso posible de prestanombres y paraísos fiscales. Elemental para no dejar registros de un trato directo y de la ruta de los dólares. De ser ciertas las imputaciones de los directivos de Odebrecht, el cohecho se realizó en la sombra. En ese caso, los directivos de la empresa brasileña tienen que prender lámparas para sacar verdaderamente a la luz los delitos. Ofrecer agenda de reuniones, audio, video, cuentas y fechas de depósitos, identificación de prestanombres ¿Lo harán? ¿Le conviene al actual gobierno de Brasil?


En este entramado de enriquecimiento bajo sospecha, el Sistema Nacional Anticorrupción parece congelado. El SNA mantiene cautela. Estando una supuesta investigación en marcha por parte de la PGR, lo prudente será no estorbar el llamado debido proceso, ajá. Al menos hasta que no se cuente con el fiscal anticorrupción y a ver si entonces se echa a andar el sistema. Por lo pronto, el SNA mantiene a reserva las habilidades de sus funcionarios para demostrar de qué están hechas las capacidades del ente autónomo. Cuando despierte el sistema, se espera tenga la contundencia para sanear la vida pública y no resulte un Frankenstein más.

martes, 15 de agosto de 2017

Apunte a la XXII

Al dueño del circo no le crecieron los enanos ¡Misión cumplida! La asamblea del PRI celebrada en el Palacio de los Deportes el pasado fin de semana fue concisa y de poco margen para la especulación. Por si alguien no lo tenía confirmado, los sectores campesino y obrero totalmente aplanados, no dan ni para una nota de color, sólo sobreviven como parte del ritual escenográfico. Ajenos a la deliberación. Frente al pragmatismo desbocado, los estatutos y los principios, el programa, son cosa menor: es el momento presente no la visión de futuro lo que impulsó las definiciones. Nada que ver con el conjunto de la sociedad, ni eso de tomarle el pulso a la ciudadanía. El depredador, quiero decir, el pragmático vive en presente continuo.

El mensaje fue compacto y de un solo destinatario: los grandes inversionistas. Son dos las definiciones, a la vez complementarias, las que sustentan la afirmación planteada. La declaración de guerra al populismo lanzada por el “flotillero” Enrique Ochoa Reza, presidente formal del PRI. No es la corrupción, la inseguridad, las carencias en educación y salud enemigos públicos. Esa declaración de guerra agrada a los verdaderos hijos predilectos del nuevo PRI.

Se participa de la fobia al populismo previamente difundida en los medios y en las redes, avalada por académicos e intelectuales. Si uno sale a la calle o al campo, al preguntarle a la gente sobre sus adversidades reales la respuesta no incluye al populismo. Su preocupación está en estirar el ingreso, en conseguir a la brevedad una urgente consulta médica, en alcanzar un lugar en los servicios de educación pública, en las precauciones para no ser víctima de la delincuencia. Es raro que mencionen al populismo, menos que lo consideren su enemigo. Pero Ochoa Reza señala al populismo como el mal a combatir en primer lugar. A quién la interesa esta definición; el inversionista.


La otra definición que apunta en el mismo sentido es la modificación estatutaria que abre las candidaturas para los no militantes del PRI. Una definición para engañabobos, pues de alguna manera el candidato sin partido tendrá una identificación o predilección por el PRI. Una verdadera perogrullada. Por eso el día de la asamblea el apartidista José Antonia Meade Kuribreña se dejó cachondear por las bases. La sustancia está más allá de la condición partidista, el mensaje claro es garantizar a un tecnócrata para la presidencia después de la declinación de Luis Videgaray. A quién le interesa esta definición: al inversionista.


Nada más terminó la asamblea XXII y de manera fulminante pasó a la oscuridad cuando los reflectores alcanzaron a Emilio Lozoya Austin, para que las audiencias atendieran otro caso de corrupción anunciado.
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