De allá viene

En la llamada guerra contra del narcotráfico ha quedado atrapado el Ejército Mexicano, la Marina y la Fuerza Aérea. Desde el principio se supo, se advirtió el derramamiento de sangre. Se hizo énfasis de que no se trataba de una guerra relámpago y que, por lo tanto, trascendería temporalmente los términos del actual sexenio. También se sabía que no existía el marco jurídico para cubrir la acción del Ejército, se atenía el Ejecutivo a las facultades metaconstitucionales de la Presidencia, tan socorridas en circunstancias en las que se pasa por encima de la ley con el pretexto de defenderla.

Terrible paradoja que tiene a los militares en el ojo del huracán, pues saben que los caídos a manos de los militares y que son muertos en la doble calidad de civiles y no delincuentes (inocentes) son fuente inocultable de desprestigio para las fuerzas armadas.

No se privilegió la forma y se prefirió el atajo de los hechos consumados. A contracorriente se quiere apresurar una legislación que cubra la operación de los militares sin cuestionarse que esa cobertura legal mañana se puede establecer como una dictadura institucionalizada.

Esa ha sido la estrategia de Felipe Calderón que todos piden modificar, salvo la conspicua excepción de los Estados Unidos. Es de preguntarse si esta “guerra” fue concebida e implementada desde las capacidades estratégicas del Presidente y sus colaboradores íntimos. Es de dudarse, pues quien cosecha a lo largo de su gestión proyectos truncos escasa mente estratégica se le puede atribuir.

Aquí asiste una génesis de la estrategia que no encaja en el perfil del gabinete de gobierno, parece como si el gabinete de seguridad se dedicara a acatar instrucciones provenientes de otro Estado, de ahí que se pudiera entender el malestar de un sector de los militares mejor estructurados en cuanto a disciplina estratégica se refiere. Si esto es así, de nada sirve que se legisle sobre seguridad y se le den todas las coberturas al Ejército, pues de origen en esta “guerra” el gobierno está siendo conducido por quienes tienen la patente de la estrategia.

El país está inmerso dentro de un proceso de cesión de la toma de decisiones a la voluntad de Washington, proceso que de manera clara inicio con Ernesto Zedillo bajo la batuta de Bill Clinton y que con Felipe Calderón está por concluirse, ya sea por su aceptación definitiva o por el rechazo que provenga de la sociedad y de las fuerzas políticas que se opongan a la desaparición del imaginario llamado soberanía. Esto último se ve más difícil pues la estrategia ha servido para minar el otrora orgullo de los mexicanos. En estos tiempos ese orgullo queda al resguardo del balompié nacional, para maldita la cosa.

Los Estados Unidos si saben lo que no quieren, a López Obrador y al PRI. En este juego el presidente Calderón es lo de menos. Felipe está en lo suyo, la trova:

“La juma de ayer/ ya se me pasó
Estas es otra juma/ la que traigo hoy”

¡Salud!

DIA

Son las siglas o acrónimo un tanto bizarro que quiere decir: Diálogo por la Reconstrucción de México. Es un membrete generado por Manuel Camacho Solís que ha servido para dar por concluido el Frente Amplio Progresista y la influencia del movimiento extraparlamentario de Andrés Manuel López Obrador. Desde que se constituyó, la izquierda partidaria ha dejado de manera sensible las luchas históricas de la izquierda y se ha convertido en promotora irredenta de las alianzas. ¿Con qué propósito? Derrotar al Partido Revolucionario Institucional en todas las elecciones que ocurran de aquí al 2012 ¿Para qué? Eso sí es un enigma.

Mientras la izquierda ha dejado de enarbolar banderas sociales: de los asalariados, de los campesinos, por la educación pública entre otras, se ha enfrascado en una serie de alianzas en varios estados de la república con su peor enemigo: el Partido Acción Nacional. Eso sí, el vocero del DIA nos dice que en 2012 la izquierda irá por cuenta propia. Algo así como que este año y el que viene todo el amor con la derecha, después ya se podrán tirar hasta con la cubeta. La verdad sea dicha: no se encuentra una racionalidad genuinamente izquierdista.

Ese empeño por la alianza con el principal destructor de la izquierda en el presente siglo suena un tanto masoquista. Como nunca antes la izquierda tiene banderas para presentar un perfil propio con demandas sentidas por la población. Pero esa chocarrera posición aliancista nos puede ayudar a descifrar lo que quiere decir el membrete DIA: Diálogo (con el gobierno calderonista) de la Izquierda Adocenada. Una izquierda logrera, oportunista, sin causas, que está dispuesta a emascular todo movimiento social que reivindique a los pobres con tal de mantener migajas de poder político.

Así como en algún momento se hizo de conocimiento público un acuerdo firmado entre el PAN y el PRI en el que lo verdaderamente tácito era la negativa a las alianzas -acuerdo que por lo demás los hechos han tirado al basurero- por qué no imaginar un acuerdo entre Felipe Calderón y Camacho Solís para contener al PRI –supuesto que tiene muchos visos de realidad. El para qué sigue siendo una incógnita.

La izquierda partidista está en su DIA cuando México está inmerso en una noche oscura que parece no tener fin: la violencia ha alcanzado parajes, villas, pueblos y ciudades. Con la derecha explotó el narcoterrorismo el cual ha tenido como respuesta la estrategia basada en la militarización sin tener el marco legal consistente que la soporte. Y no se tiene una izquierda a la altura de las circunstancias pues su horizonte es limitado: derrotar al PRI.

Mientras los fuegos fatuos de las alianzas electoreras sólo proyectan sombras, el fuego real del crimen organizado, más el agregado por las fuerzas federales, arroja la cifra de más 22, 000 muertos. Cifra espantosa con capacidad de sembrar pánico. Nada más ayer por la noche la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, a ochenta y cuatro kilómetros de la capital de la república, se paralizó por el toque de queda impuesto vía mails por la delincuencia. Dejando a una ciudadanía en el desamparo del rumor, sin que se diera una comunicación oficial que revirtiera el miedo. Impacta sicosis en Morelos

La coerción

La coerción es el recurso del Estado para reprimir, inhibir o restringir una actividad o grupo, puede ser legítima o no, según el caso de quienes no cumplen la ley o por la naturaleza del régimen que la recurra. La coerción como ausencia de consenso puede estar en el origen de un gobierno autoritario o de dudoso concurso democrático.

La coerción ha sido el camino elegido por Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado. Una decisión que en sí misma es apropiada e incuestionable. Desde diciembre de 2006, cuando se declaró la guerra al narcotráfico, a estas fechas no se tiene la evaluación oficial convincente que abone a mantener la estrategia adoptada. El gobierno dice que no la cambiará, si acaso se harán adecuaciones tácticas, la guerra sigue. La guerra se extiende, no es un asunto que ataña geográficamente a las fronteras o la montaña, pues el crimen organizado alcanza capitales de los estados y otras ciudades más. Las ciudades como centro de lavado de dinero sucio y de consumo de estupefacientes, esto último de manera incrementada. La sociedad y la economía están tocadas por el crimen organizado que aporta recursos frescos en actividades formales al tiempo que crea capacidad de consumo. Por eso es tan difícil desarticularlo.

De manera desgraciada, los jóvenes se han convertido en población objetivo del crimen organizado, a ellos alcanza la violencia de manera destacada, son la base de reclutamiento y son ellos el mercado favorito para las adicciones. Sin empleo, ni escuelas suficientes, ni familia que verdaderamente pueda extenderle su manto protector, la juventud es contingente social más afectado por la guerra.

(Para que la coerción del Estado tenga resultados no se puede apostar todo al aparato de seguridad, tiene que aplicarse a fondo en la política social, que no será así si se desvía para promover campañas políticas o se le supone fábrica de emprendedores, lo que no está demostrado)

A estas alturas, no se puede evitar ya la hipótesis de que el inicio de la liberalización económica trajo consigo un proceso gemelo, la restructuración del crimen organizado. Cuando se reorientó la economía hace ya varios lustros (sin que por ello significara la dominancia de una economía cerrada homologable a la existente hasta 1989 detrás de la llamada cortina de hierro, la URSS y sus satélites) con el fin de hacer de la liberalización del mercado el factor detonante de la prosperidad, se dio una apertura con los dados cargados, ajena a la competitividad y a manera de reparto con cierta discrecionalidad que se permitía en los términos de ley. Una apertura que no tocó a las prácticas monopólicas, ni evaluó con precisión el potencial que se abría para la economía informal, en particular la piratería, y que terminó por propagar a las actividades delictivas como un mecanismo primitivo para la acumulación de riqueza. En ese sentido, pese a las expectativas, falló el mercado. Con razón se le reclama al gobierno, también al ejército, pero nada se dice del funcionamiento de los mercados hacia la concentración de la riqueza y el incremento de la desigualdad social, lo que de hecho ha procreado el despliegue inusitado del crimen organizado.

Todo lo que han hecho los últimos gobiernos, de manera incontinente los de Vicente Fox y Felipe Calderón, ha sido modificar la institucionalidad económica para fortalecer el funcionamiento de los mercados sin que por ello se produzca un juego de fuerzas que realmente forme empresas socialmente responsables. El alcance de la ley contra la piratería y el proyecto de reforma antimonopolios no llegarán ni a la esquina si no se modifica la estructura que vicia, de inicio, el funcionamiento de los mercados: la corrupción.

Pero volviendo al tema de la coerción, es bueno que la autoridad la aplique con precisión y justificación clara, de otra manera estará minando la libertad de los ciudadanos y dando forma a las bases de la dictadura. Utilizar la guerra contra las bandas de criminales como modo subrepticio de la militarización del país para la posterior legalización es perverso: dar pie a la etapa del crimen institucionalizado como colofón de una democratización trunca. La coerción no es sólo entendible como violencia física. Tenemos el caso del registro de las líneas telefónicas de los celulares. Dicha medida se propuso como una acción en contra de la inseguridad, sin aclarar cómo podría contribuir a tal efecto para sentirnos seguros. Ni se asegura que con tal padrón se contengan las extorsiones, ni siquiera si se hará buen uso del mismo. Se actúa como si todas las líneas tuvieran un origen ilegal, adquiridas en el mercado negro, cuando todos sabemos cuántos son los proveedores y ellos saben a quiénes se lo venden.

No tiene el país un gobierno excedido de legitimidad como para darle confiabilidad a la medida. La estrategia bélica del gobierno, más la política económica imperante, contribuyen a exacerbar los signos de la descomposición nacional. Si ése es el objetivo, habrá que reconocer que la están haciendo.