La coerción

La coerción es el recurso del Estado para reprimir, inhibir o restringir una actividad o grupo, puede ser legítima o no, según el caso de quienes no cumplen la ley o por la naturaleza del régimen que la recurra. La coerción como ausencia de consenso puede estar en el origen de un gobierno autoritario o de dudoso concurso democrático.

La coerción ha sido el camino elegido por Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado. Una decisión que en sí misma es apropiada e incuestionable. Desde diciembre de 2006, cuando se declaró la guerra al narcotráfico, a estas fechas no se tiene la evaluación oficial convincente que abone a mantener la estrategia adoptada. El gobierno dice que no la cambiará, si acaso se harán adecuaciones tácticas, la guerra sigue. La guerra se extiende, no es un asunto que ataña geográficamente a las fronteras o la montaña, pues el crimen organizado alcanza capitales de los estados y otras ciudades más. Las ciudades como centro de lavado de dinero sucio y de consumo de estupefacientes, esto último de manera incrementada. La sociedad y la economía están tocadas por el crimen organizado que aporta recursos frescos en actividades formales al tiempo que crea capacidad de consumo. Por eso es tan difícil desarticularlo.

De manera desgraciada, los jóvenes se han convertido en población objetivo del crimen organizado, a ellos alcanza la violencia de manera destacada, son la base de reclutamiento y son ellos el mercado favorito para las adicciones. Sin empleo, ni escuelas suficientes, ni familia que verdaderamente pueda extenderle su manto protector, la juventud es contingente social más afectado por la guerra.

(Para que la coerción del Estado tenga resultados no se puede apostar todo al aparato de seguridad, tiene que aplicarse a fondo en la política social, que no será así si se desvía para promover campañas políticas o se le supone fábrica de emprendedores, lo que no está demostrado)

A estas alturas, no se puede evitar ya la hipótesis de que el inicio de la liberalización económica trajo consigo un proceso gemelo, la restructuración del crimen organizado. Cuando se reorientó la economía hace ya varios lustros (sin que por ello significara la dominancia de una economía cerrada homologable a la existente hasta 1989 detrás de la llamada cortina de hierro, la URSS y sus satélites) con el fin de hacer de la liberalización del mercado el factor detonante de la prosperidad, se dio una apertura con los dados cargados, ajena a la competitividad y a manera de reparto con cierta discrecionalidad que se permitía en los términos de ley. Una apertura que no tocó a las prácticas monopólicas, ni evaluó con precisión el potencial que se abría para la economía informal, en particular la piratería, y que terminó por propagar a las actividades delictivas como un mecanismo primitivo para la acumulación de riqueza. En ese sentido, pese a las expectativas, falló el mercado. Con razón se le reclama al gobierno, también al ejército, pero nada se dice del funcionamiento de los mercados hacia la concentración de la riqueza y el incremento de la desigualdad social, lo que de hecho ha procreado el despliegue inusitado del crimen organizado.

Todo lo que han hecho los últimos gobiernos, de manera incontinente los de Vicente Fox y Felipe Calderón, ha sido modificar la institucionalidad económica para fortalecer el funcionamiento de los mercados sin que por ello se produzca un juego de fuerzas que realmente forme empresas socialmente responsables. El alcance de la ley contra la piratería y el proyecto de reforma antimonopolios no llegarán ni a la esquina si no se modifica la estructura que vicia, de inicio, el funcionamiento de los mercados: la corrupción.

Pero volviendo al tema de la coerción, es bueno que la autoridad la aplique con precisión y justificación clara, de otra manera estará minando la libertad de los ciudadanos y dando forma a las bases de la dictadura. Utilizar la guerra contra las bandas de criminales como modo subrepticio de la militarización del país para la posterior legalización es perverso: dar pie a la etapa del crimen institucionalizado como colofón de una democratización trunca. La coerción no es sólo entendible como violencia física. Tenemos el caso del registro de las líneas telefónicas de los celulares. Dicha medida se propuso como una acción en contra de la inseguridad, sin aclarar cómo podría contribuir a tal efecto para sentirnos seguros. Ni se asegura que con tal padrón se contengan las extorsiones, ni siquiera si se hará buen uso del mismo. Se actúa como si todas las líneas tuvieran un origen ilegal, adquiridas en el mercado negro, cuando todos sabemos cuántos son los proveedores y ellos saben a quiénes se lo venden.

No tiene el país un gobierno excedido de legitimidad como para darle confiabilidad a la medida. La estrategia bélica del gobierno, más la política económica imperante, contribuyen a exacerbar los signos de la descomposición nacional. Si ése es el objetivo, habrá que reconocer que la están haciendo.