De aquellos lodos

Según el corresponsal de La Jornada, David Brooks, el juez federal Brian Cogan dejó la deliberación del juicio en contra de Genaro García Luna en manos del jurado. Durante el proceso de presentación de pruebas y testigos, en el banquillo comparecía invisible e inmutable el Partido Acción Nacional. Agrupación política puesta en la lisa de lo condenable por Vicente Fox y Felipe Calderón ¿Cómo es eso?

El primero de diciembre del 2000 se dio por consumada la alternancia en la presidencia de la república. El PAN sucedía al PRI, Ernesto Zedillo ceñía la banda presidencial (símbolo de mando) a Vicente Fox. Posteriormente, sin apenas transcurrir dos meses de la toma de posesión, Joaquín Guzmán Loera se fuga del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Seña de un pacto no escrito, quién lo sabe. Por los testimonios vertidos por miembros del cártel de Sinaloa que compurgan condena, durante el proceso ante la corte en Brooklyn, N. Y., la fuga agitó las aguas al nivel directivo de ese grupo criminal. La confrontación entre Guzmán y el grupo de los Beltrán Leyva alcanzó a funcionarios de seguridad del gobierno de entonces, lidiaban con esa disputa. Eso lo sabemos ahora, también estamos enterados que el gobierno terminó por decantarse a favor de un bando criminal.

La decisión no fue inocua y prolongó sus consecuencias violentas hasta el sexenio de Felipe Calderón. Es más, no se han dejado de sentir las consecuencias, el drama de los desaparecidos. La lumbre incendió despachos de importantes secretarías de estado. El 21 de septiembre de 2005 murió en accidente aeronáutico Ramón Martín Huerta, entonces secretario de Seguridad; el 4 de noviembre de 2008 se desplomó el jet en el que viajaba el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño; en otro helicopterazo, este el 11 de noviembre de 2011, murió Francisco Blake Mora, quien entonces encabezaba la cartera de Gobernación. Las investigaciones concluyeron causas climáticas y técnicas. Sobreviviente a la guadaña del mal fario, en esos tiempos blanquiazules, fue García Luna. Primero como director de la Agencia Federal de Investigación, luego al frente de la Secretaría de Seguridad. Es él quien espera veredicto.

Mientras tanto el PAN mira para otro lado y no encara la actual situación de su distinguido funcionario. Nulo control de daños. Tampoco la alianza opositora Va por México se espabila. El operador aliancista, Claudio X. G. G., parece estar en otro planeta, desde no deja de postear textos de otros. 

Cuánto esperar

Según las noticias que vienen de la ciudad de Nueva York, el juicio a Genaro García Luna puede concluir antes de lo esperado. En qué sentido ya es otra cosa y más vale no respirar los humos del deseo. Claro que las implicaciones de una condena serían devastadoras para el PAN y sus aliados. Eso también es otra cosa y cada cosa en su cajón. No hay que volar con las alas de la mezquindad.

Aquí cabe preguntar, para poner los pies en la tierra de nuestras congojas ¿El juicio que se desarrolla en Brooklyn, Nueva York, tendrá algún efecto sobre el tema de los desaparecidos en México? Un problema de seguridad que tiene tantos demandantes como insatisfacciones. Se podrá decir que los actos que consuman la desaparición de personas no tienen su origen en este sexenio, ni los de ahora -se siguen sucediendo desapariciones- tienen la huella de un Estado represor.

Fotograma (Ruido, 2022)

Una digresión elíptica y maciza. Natalia Beristain (1981) es una ciudadana mexicana nacida bajo los auspicios de la democracia electoral, del libre comercio y el Estado de derecho. Los pasos hacia la modernidad eran consistentes, decían. Nadie advirtió, o fueron pocos e ignorados, la explosión de violencia criminal que ensangrentaría la hoja de ruta de las reformas modernizadoras: el “engrandecimiento” del crimen organizado. En el presente Natalia es una cineasta, directora de una película realista bajo el fino cuidado de la ficción (Ruido, 2022) En la trama se sintetiza con singularidad la magnitud del desastre moral.

A dónde hay que ir hasta dar con el paradero de las desaparecidas es la cuestión que se plantean los familiares afectados. Pero para reducir la sucesión de desapariciones no es suficiente, ni está en su absoluto resorte, la subsecretaría de derechos humanos de Gobernación. Si el cáncer es el crimen organizado, existen otras dependencias intervinientes y con recursos, tienen que participar e informar también. Para eso es la coordinación. Atender a los dolientes por causa de un familiar desaparecido no es cuestión de departamelizar y dejar la papa caliente en unas manos. Fiscalías y gabinete de seguridad tienen que respaldar con todo.

Las desapariciones forzadas están fatalmente ligadas al crimen organizado, por eso la búsqueda no puede quedar disociada de la seguridad como si fueran tareas distantes. Poner en el mapa la correlación de entre incidencia de desapariciones y el territorio controlado por la delincuencia. La faja que corre de Jalisco a Guerrero, incluyendo a Guanajuato y Zacatecas. O la que va en la Frontera Norte, de Baja California a Chihuahua.

Por eso, la próxima vez que comparezcan los encargados de la seguridad a la Mañanera, incluyan por favor el tema de los desaparecidos. 

Sótanos

Independientemente del desenlace, el proceso que se le sigue a Genaro García Luna en la ciudad de Nueva York, el caso contiene una veta de Estado. Esta se refiere al comportamiento indebido del poder político que traiciona las normas jurídicas que se ha dado y lo sostienen. El Estado opera en una zona oscura coloquialmente denominada sótanos del poder, desde donde se neutraliza a los adversarios políticos de determinado régimen. El plural sótano, me imagino, se refiere a que se dispone de varias edificaciones oscuras como los sótanos, para planear y perpetrar actos inhumanos como la tortura y hasta la aniquilación.

Los sótanos pueden sugerir algo más que un edificio y persecución política. También pueden referir a maquinaciones entre el poder y otros agentes para arreglar negocios económicos o empresariales (adquisiciones, contratos, concesiones, privatizaciones) sin publicidad o fuera de escrutinio y se gestan en una zona oscura. El sótano bien puede ser un salón privado de un restaurante o la suite de un hotel, evitando deliberadamente el uso de edificios públicos.

Hay sótanos que tienen otra especialidad funcional, orientada a consumar acuerdos con la delincuencia organizada. Quiero creer que con AMLO este tipo de sótanos, como los anteriores, han quedado clausurados. De manera directa el que alude a lo que fueron las operaciones de García Luna. No ha sido fácil para el gobierno mover inveterados procederes. No es suficiente el modo tecnocrático de exponer cifras sobre la delincuencia, sus delitos. Hay que recordar, en el pasado los sótanos del poder para atender a la delincuencia organizada tenían diversos administradores: Ejército, Gobernación, Marina, PGR y la Secretaría de Seguridad, por lo que se refiere al ámbito del Ejecutivo, nada más.

Una figura legendaria de la atrocidad oficial/no oficial fue Mario Arturo Acosta Chaparro. Egresado del Colegio Militar, destacó en sus primeros años de servicio como agente de la guerra sucia. Los vientos neoliberales llevaron al militar a operaciones antinarcotráfico consecuentemente transmutadas en alianza con una organización delictiva. Fue llevado a juicio en tiempos de Fox y se le condenó por su colaboración con el crimen. Encarcelado en 2002, fue excarcelado cinco años después por Felipe Calderón y rehabilitado a los sótanos. Acosta Chaparro fue ejecutado a las afueras de un taller mecánico en la CDMX en abril de 2012. Lo consumió el riesgo de dobletear, con la oficialidad y la delincuencia. En ese riesgo estuvo García Luna, hasta que lo capturó el gobierno de Estados Unidos. El mismo riesgo que corrieron altos funcionarios de Fox y Calderón, quienes sucumbieron de manera desastrosa.

Por lo hasta aquí expuesto, el proceso que se dirime en la ciudad de Nueva York tiene alcances políticos más profundos que el llamado maxi-proceso contra Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo. Se trata de un parteaguas, da fin a una época de arreglos con el narcotráfico, además, puede ser la tumba de un sector de la clase política.