El dinamitero

El viernes 5 de julio, verano del 2019, Carlos Urzúa se bajó del caballo de la cuarta transformación. Renunció al cargo de secretario de Hacienda, permaneciendo apenas sietes meses como figura del gobierno de López Obrador. Las razones de la decisión están claras: su aislamiento dentro del gabinete presidencial y su frustración por no poder darle peso a su esquema en el documento final del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el Congreso. En el eje central de la renuncia está el desacuerdo con los proyectos de AMLO, el Tren Maya y el reacondicionamiento del aeropuerto de Santa Lucía. Proyectos que, por cierto, eran propuestas de campaña de las que Urzúa estaba más que enterado.

Mientras se mantuvo en el cargo, el renunciante jugó sus fichas para mantener continuidad en la política macroeconómica, las que pese a su dimisión permanecen. Fue su aportación. Lo que no pudo conducir fueron los intereses que, parapetados en la lógica del libre comercio, prohijaron la corrupción, abrevaron del tráfico de influencias. Tampoco pudo conciliar su formación doctrinaria con la visión del papel del Estado y de la economía característicos de López Obrador, que también es doctrinaria.

Salvo excepciones, la mayoría de los columnistas de finanzas y de política subieron el santo al cielo y desde allí otearon el apocalipsis, cuando es sabido que la actual economía interconectada tiene sus derroteros. México no es una isla, la mayor parte de las economías se encuentra en los límites de un modelo, el auge de los nacionalismos es una reacción, las desigualdades sociales una consecuencia de una centralidad basada en el mercado.

Considerando la especificidad de México, uno de los disensos de Carlos Urzúa y de destacados economistas es la pertinencia de una nueva reforma fiscal para financiar el proyecto de desarrollo del actual gobierno. Reforma del actual orden de impuestos a la que el presidente se ha opuesto hasta ahora. AMLO es práctico, nuevos impuestos o su incremento dispararía una sublevación de la sociedad. En la ruta crítica de la presidencia el orden de las prioridades se encuentra la redistribución del ingreso, el combate a la corrupción, el fin al tráfico de influencias. Si logra estos objetivos entonces, solo entonces, cabría pensar una reforma fiscal.

Todo lo escrito hasta aquí de manera suave. A Carlos Urzúa le toca aclarar si utilizó la oficina de encargo para hacer filtraciones con el propósito de detener la 4T, para así no trastocar los límites heredados del bipartidismo. Muy en la línea de su texto de renuncia y de las entrevistas que concedió como exsecretario. El dinamitero no descarriló la economía, como no pocos comentaristas desearon, pero si aceleró los procesos de denuncia en marcha en contra de personajes vinculados al viejo régimen, destaca los casos de Juan Collado y Vicente Fox, por mencionar solo dos.

Víspera del informe de medio año

Una de las creencias más difundidas por los neoliberales es la que supone que solo el libre comercio hace a la economía. Entre menos Estado mejor para la economía. Y si de persistencia la pobreza se trata, basta considerarle una condición natural e irremediable. Fueron los neoliberales los que inventaron la austeridad moderna. Ellos los que adelgazaron la idea de soberanía, un anacronismo en la era del comercio global. Y no hace mucho, desde las organizaciones proempresariales, denunciaban los excesos del gobierno en gasto corriente.

En los meses que lleva la cuarta transformación, uno se ha dado cuenta de lo endeble de las creencias apenas ayer defendidas con vehemencia. Se pide al Estado que no sea austero, que eche la mano a cuanto negocio o actividad se lo pida. Ahora se percibe la importancia del ejercicio del gasto público para el funcionamiento de la economía. Como nunca se ha visto el interés por escudriñar el gasto público y se divulgan documentos sin verificar autenticidad o sin recurrirlos al INAI. Por los recientes acuerdos migratorios realizados con Donald Trump, se pide no ceder soberanía. Hasta se reivindica el Estado social para que asista a la academia, las artes y la ciencia.

Han sido meses trepidantes para sanear y enderezar el servicio público, totalmente desvirtuado desde que a Vicente Fox se le ocurrió homologar el servicio público como una actividad empresarial. Desde entonces la corrupción agarró nuevos bríos, se podía camuflar en contratos o, de plano, como abuso legitimado por la investidura del cargo.

El nuevo gobierno inició con un presupuesto federal que tiene el diseño de la pasada administración. PEF al que se le van haciendo ajustes utilizando las atribuciones que para ello tiene el Ejecutivo. No es un trabajo sencillo, más cuando se trata de darle un alcance efectivo sobre la población menos favorecida. Se requiere identificar y eliminar derroches, poner en renegociación contratos totalmente onerosos a la hacienda pública, cancelar condonaciones fiscales a las grandes empresas, enfrentar el robo de gasolinas, tipificar la corrupción como delito grave, alentar el pago de impuestos sin crear más cargas fiscales, ajustarse al endeudamiento aprobado por el Congreso y, por si fuera poco, formar una nueva estrategia en contra de la violencia criminal.

Los que se beneficiaban del anterior orden de cosas, en automático se resisten al cambio. No le dan el beneficio de la duda al gobierno de López Obrador y menos están dispuestos a la proactividad. Tienen que enfrentar la circunstancia del desprestigio de los partidos, a medias confían en la división de poderes. Desconocen a su conveniencia el orden institucional. Para ello arguyen que hay una concentración de poder en una sola persona y hacen falta contrapesos. Lo que en verdad quieren es que les digan a dónde ir a recoger el cheque.

Tendremos seis años con el mismo jaloneo, de los resultados dependerá si se refrenda la 4T. Y cuál es uno de los resultados esperados, a parte del abatimiento de la corrupción, de la delincuencia y la pobreza, que los mercados cumplan con el Estado de derecho -otra premisa neoliberal- y se autoimpongan límites morales, como los reflexionó Adam Smith.

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Nos leemos hasta el 22 de julio de 2019.

Una era criminal.

Con la tecnocracia se abrió en México una era criminal. Tal vez no lo previeron, no lo vieron como sí lo hicieron con la irreductibilidad de la pobreza. Una era que no ha cerrado su ciclo y lastra al nuevo gobierno, que además tiene su herencia de corrupción y desigualdades. De deterioro de los servicios de salud y educativos. El coletazo del crimen que no encontró (o encuentra) su acomodo con el nuevo gobierno, salvo el circuito de juzgadores que los ampara y libera.

La tecnocracia que traía en sus manos la fórmula “liberadora” de los excesos del Estado, esa fórmula de fe exclusiva en el mercado si liberó, impuso nuevas ataduras o le dio la vuelta a la participación del Estado. El estatismo quedó capturado por los magnates y sus políticos aliados, teniendo como fauna de acompañamiento una “comentocracia” esmerada en escribir con una mano las maravillas del mercado y con la otra extraer recursos del Estado a través de un despacho, una empresa o una organización civil. El mercado como el antídoto adecuado para someter a la corrupción y la desigualdad. La oferta fue falaz. La corrupción y la desigualdad se expandieron. Para terminar de agravar el cuadro, se dio la irrupción de la violencia criminal. Un ecosistema de predadores encumbrados sobre una base de precarios, de necesitados, de ocupados carenciados.

Para llegar a esta situación ventajosa a la oligarquía se limitó la voz y la influencia del movimiento obrero, también la de los campesinos organizados al servicio de sus dirigentes. Fuerzas diluidas por la ciudadanización salvífica. Todavía en la década de los setentas, los obreros eran un actor destacado en el mundo desarrollado. Las luchas agrarias eran signo de los países en desarrollo. México formaba parte de ambos mundos. Desde los años ochentas comenzó el declive de estos protagonistas de la Sociedad Civil, un estado de atonía inducida por el orden financiero mundial. Se dio machetazo a las conquistas obreras -las pensiones, por mencionar una- se mutiló el Artículo 27 constitucional. El espacio de la Sociedad Civil lo ocupó en visibilidad el sector empresarial, contando con las concesiones de representación civil a las iglesias. De manera clara con el inicio del siglo, se acabó la concertación de los pactos económicos, las visitas de distintos papas se convirtieron en un bálsamo para los creyentes católicos.

Los partidos políticos entraron a una condición de franca dependencia de los recursos públicos desde finales del siglo pasado, se decía que para que no fueran capturados por el narcotráfico. Lo partidos son ciudadanos, otro decir. Se hicieron clientes del Estado y se fueron distanciando de la Sociedad Civil. Del partido de Estado al pluripartidismo de Estado. De intermediarios pasaron al servicio del poder. El Pacto por México fue la confirmación de esa condición. Y así les fue en julio del 2018, dos de tres fuerzas políticas quedaron quebradas.

Otro aspecto del desarreglo neoliberal se cifró en la complicidad de los gobernadores. Como nunca tuvieron acceso a recursos públicos y, en algunos casos, se beneficiaron del contubernio con el crimen organizado.

Para que esta situación tuviera posibilidades de afirmarse, no solo fue urgido un excesivo gasto en publicidad. También fue cuestión de poner subsidios a las organizaciones en las que se encogió la Sociedad Civil. De poner a disposición recursos de educación y cultura para alinear a las mentes brillantes de México. Conformar un contingente educado e influyente con sus pares y para regocijo de cierta clase media. Sin posibilidades reales de convertirse en caudillos intelectuales de una nación.

En el enjuague de las medias verdades de la era neoliberal se hicieron bolas con la nómina. Se prohibía crear plazas y con el recurso disponible se inventaron direcciones adjuntas por agregación de plazas de confianza que desaparecían. No más estructuras orgánicas era la orden. Le daban la vuelta multiplicando los contratos por honorarios y se subcontrataban servicios para no abultar la nómina.

Y ahora vienen a hablar de “austericidio” o de austeridad criminal. Primero vean como dejaron al país con la austeridad neoliberal y se darán cuenta que seis años para componerlo solo será un corto verano.