lunes, 25 de febrero de 2019

Capacidades del Estado

Se afirma que el Presupuesto de Egresos de la Federación ha sido cortado a machetazos. Se pasa de lado que los machetazos comenzaron por lo menos desde 1983. Fueron machetazos para reducir las capacidades del Estado, el Estado obeso era necesario adelgazarlo, decían, para abrir paso a la pujanza de la iniciativa privada que, por cierto, no estaba mal asistida. Los machetazos neoliberales no resolvieron los pendientes de la desigualdad económica, ni fueron remedio para acabar con la corrupción como se supuso, puesto que el mal aludido procedía de las largas uñas de los políticos. ¡Sorpresa! Se adelgazó al Estado o este tuvo nuevos beneficiarios y los políticos, como la yunta, seguían andando en sus andadas. Para eso se creo toda una cadena de organismos autónomos en función de vigilar los excesos del Ejecutivo ¿Vigilaron? Lo más grave de la reducción de capacidades del Estado ha sido la explosión y expansión de la inseguridad. El indicio fue la proliferación de rejas y plumas que cancelaron el libre acceso por miles de calles. Era la inseguridad y de alguna forma había que protegerse. Siguió la proliferación de empresas privadas de seguridad. Se fueron sumando expresiones más duras de la inseguridad, el trasiego de droga procedente del Sur (Colombia) y el contrabando de armas. El secuestro, la extorsión y el serial de asesinatos. Se le estaba dando en la madre al Ogro filantrópico. Se deshizo, por ejemplo, una empresa del Estado productora e importadora de papel para no tener sometida a la prensa por el monopolio sobre ese insumo, todavía no se descubrían los prodigios de la publicidad gubernamental.


Todo esto lo menciono por las actuales exigencias que se hacen al Estado con el afán de cumplir la justicia social, exigencias que no dan en el fondo del asunto. Uno es el caso de los apoyos a las estancias infantiles, se reprocha el abandono de esas estancias por no ser receptoras inmediatas del subsidio otorgado por el gobierno. Siendo una obligación del Estado la atención temprana de niños que todavía no alcanzan la edad para ingresar a prescolar, yo le reprocharía al Estado la disminución del impulso y de expansión del sistema normado por la SEP de los Centros de Desarrollo Infantil. Esto es, no atender la creación de CNDI’s y optar por un paliativo como las estancias; otro asunto que ha mortificado a las buenas conciencias fue la intentona de retirar los apoyos a los refugios para mamás e hijos víctimas de la violencia intrafamiliar. Pues qué no el Estado, a través de un organismo como el DIF debería contar con la infraestructura y los apoyos para hogares rotos por ese tipo de violencia. La subrogación no quita de responsabilidades al Estado. Estos son dos temas que ponen sobre la superficie los efectos de un Estado que ha venido reduciendo sus capacidades. Está bien que se le exija al Estado, pero poco podrá responder como Estado debilitado.

Sería oportuno contar con un ejemplo macro sobre la disminución de las capacidades del Estado. En sus inicios, la política de desmantelamiento lógicamente quedó justificada, ahora hay que hacerse cargo de las consecuencias no deseadas. El mea culpa de los tecnócratas no ha sido escrito, tampoco articulado de viva voz. Desconozco de la existencia de una investigación sobre las modificaciones constitucionales en materia agraria hechas en el sexenio de Carlos Salinas, con relación a sus efectos nocivos sobre la seguridad en el campo y la protección de los recursos naturales. Con el desbarajuste, ahora se avanza en la formación de instituciones como la Guardia Nacional como una medida extrema y son legítimas las expresiones de temor. Remediar está lejos de parecerse a una canasta de dulces mexicanos. Se quiere acabar con el dispendio de obras truncas y onerosas como la termoeléctrica en Huezca, Morelos, y se atraviesa un horrendo asesinato de un opositor al proyecto, el activista Samir Flores. Independientemente del resultado de la consulta del 23 y 24 de febrero para reencauzar el proyecto de la termoeléctrica, el esclarecimiento del crimen no puede dilatarse. Los disparos letales recayeron en una persona, quien los activo también le disparó al proyecto de la CFE. Como las balas de Mario Aburto impactadas sobre el cuerpo de Luis Donaldo Colosio, lesionaron y baldaron de por vida a la clase política priísta.


El temor al autoritarismo hay que separarlo de la obligada recuperación de las capacidades del Estado.

lunes, 18 de febrero de 2019

Primero los pobres, no lo olviden

“La forma más fundamental de moral, en efecto, se preocupa por fomentar experiencias de bienestar en los demás y por evitar y prevenir de dolor en los demás (o la perturbación del bienestar de los demás)”
George Lakoff

En términos informativos, lo que a mi me gusta de las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel, es que tienen contenidos antes sólo ventilados en los medios de comunicación y en los pasillos de la burocracia. Ahora, el presidente de la república es el que se encarga de darle visibilidad a los vicios de la gestión pública, lo cual pone en el aparador a la actual administración (las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, los nombramientos no idóneos, por ejemplo, han sido puntualmente observados por los periodistas)

Esta política de comunicación no queda exenta de un debate áspero, en el que se pierde la importancia que tiene para el éxito del actual gobierno un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Es un tema que, siendo central, queda en segundo plano o estigmatizado como recorte presupuestal, cuando en realidad se trata de un orden de prioridades. Es claro que López Obrador mantiene la determinación de servir a los pobres o a los que menos tienen. La diferencia es que ahora cuenta con la información del Estado para disponerla a favor de las mayorías. Si de atajar la corrupción se trata, entonces trabaja para purgar los ductos del enriquecimiento ilícito. Es el caso del robo de combustible. Una diligencia que tiene aspectada como una de sus consecuencias fortalecer ambiciosos programas sociales.


Otra política es la llamada austeridad republicana. Asignaciones presupuestales para, de nuevo, impulsar con recursos los programas sociales. Esta austeridad ha caído como un balde de agua fría en los medios de comunicación que han visto disminuidos sus ingresos por la reducción de la publicidad gubernamental. Un manantial en el que había para todos, grandes medios, revistas y portalitos.

La austeridad también pega a los intermediarios de los programas sociales y agropecuarios ¿Algún día sabremos cuánto dinero le inyecto Enrique Peña Nieto a la organización Antorcha Campesina y cuál fue el beneficio efectivo para los agremiados de esa organización?

La política de austeridad también alcanza a las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, también llamadas organizaciones de la sociedad civil. Los aludidos han respingado. Hasta ahora, el ciudadano de a pie como uno, no tiene una estimación cierta de las asignaciones presupuestales que en el pasado se dispusieron para estas organizaciones. Un caso, que no forzosamente es base de una generalización, es el de la Academia Mexicana de Ciencias y su inconformidad por el retiro de apoyos a esta organización. Según información publicada en La Jornada (09-02-2019) a esta asociación con 2 799 miembros no se le proporcionarán recursos del Conacyt. En años anteriores se le asignaban 50 millones de pesos anuales y eran destinados preferentemente a programas de divulgación. Divulgación que bien podría ser proporcionada por la respectiva casa de estudios de los académicos. La Academia de Ciencias está formada por investigadores que, en lo individual, tienen ingresos estimados de 49 mil pesos mensuales (La Jornada 29-07-2018) según un promedio reportado por el investigador de El Colegio de México Manuel Gil Antón en 2018. Se trata pues, de una asociación con capacidad para sostenerse con la aportación de sus agremiados y que, a la vez, redunda actividades de universidades o de centros de estudio e investigación.


Lo remarcable no es el retiro de un subsidio sino la reprogramación del recurso para fortalecer los programas sociales. Recordemos que el presidente no ha desistido de su consigna: Primero los pobres.

lunes, 11 de febrero de 2019

Extracción de los recursos públicos

Uno de los argumentos preferidos de la tecnocracia fue el de exhibir las rentas institucionales, ello con el fin de disminuir las insuficiencias del sector público y así reducir las distorsiones de los mercados. Así se fue arando el terreno de las privatizaciones. Al correr de los años, sucesivas administraciones se encargaron de legitimar las rentas institucionales para viejos y nuevos rentistas, sobre las que se estableció la base social del llamado neoliberalismo y se dio aliento a sus propagandistas.

El gobierno del presidente López Obrador llama a cuentas el dispendio de estas rentas. Carlos Urzúa tiene la tarea de purgar esos dispendios con el propósito de hacer viables los programas sociales del gobierno. Las medidas generan reacciones antes que propuestas proactivas. Para qué le mueven si todo como está se puede hacer llevadero protestan los rentistas.


Las rentas institucionales son una modalidad de asignar recursos obviando en lo posible el funcionamiento del mercado. Si se disponen al logro de la equidad son subsidio, si se diseñan para incrementar la desigualdad económica bien se les puede llamar infamia económica. Dentro del catálogo de estas últimas, dos arrojan números multimillonarios; 1) Los contratos leoninos que empresas celebran con el sector público. Se inflan costos y, si se puede, se crean cláusulas de penalización onerosas para el erario o que inducen al endeudamiento; 2) las exenciones fiscales que se les otorgan a las grandes empresas afectando la hacienda pública.

De ahí para abajo existen otro tipo de dispendios. Es el caso de la publicidad gubernamental cuando tiene anuncios garantizados y se excede en gastos para ese rubro. Organizaciones campesinas utilizadas para el enriquecimiento de sus líderes sociales. Despachos, sociedades y asociaciones civiles de dudoso apoyo a la mejora del servicio público, por el contrario, en algunos casos con vocación de apoyar el desmantelamiento de lo público. Repudian el estatismo y viven de recursos públicos.
Sé está haciendo una rectificación de la política pública que hizo lo que en otros países desarrollados no se atrevieron a hacer: afectar los servicios de salud, la educación y el sistema de pensiones, entre otras cosas.


Quién se opone a la maximización del uso de los recursos públicos, el que se beneficia del dispendio. Ahora se esclarece que el dispendio no se debe sólo a una mala disposición del sector público, es una compulsión ligada a la alta concentración de la riqueza. El vicio y la virtud, según el cristal a través del que se mire.
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