Las dificultades para dar con los
43 normalistas de Ayotzinapa son el modelo cotidiano de la procuración de
justicia en México. Los ricos tienen con qué, los políticos gozan de fuero, los
demás somos ciudadanos de segunda, simplemente no se nos reconoce como
ciudadanos con acceso a la justicia, somos una lista nominal de potenciales
votantes.
El Grupo de Investigación de
Expertos Internacionales se topó con esa roca de granito de nuestra procuración
de justicia a la mexicana. Si en algo no son expertos los del GIEI es en la
elaboración el queso Oaxaca. De ahí su gran frustración frente a la formalidad
y la burocracia del sistema penal mexicano y su fragmentación de los procesos
de investigación judicial. Les aplicaron el diferencial de competencias entre niveles
de gobierno (Informe Ayotzinapa II en Aristegui Noticias)
En efecto, la investigación del
caso Ayotzinapa se extravió en el laberinto burocrático que no lograron
desentrañar los Expertos, se embaucaron en una investigación de “hechos”
predigeridos, “manoseados” dirán algunos.
Es desde la burocracia, de sus
representantes depositarios de las más altas responsabilidades, que si se lo
proponen, pueden desenredar la investigación y constituir un hito hacia una
efectiva procuración de justicia. De paso, resolver los misterios de la
corrupción y la impunidad; hay otra alternativa en circulación, sólo instancias
internacionales podrán enderezar al país.
Los del GIEI se agobiaron con la
montaña de papeles a revisar y sin hilo de Ariadna. Hicieron de la formalidad
legal su enemigo y se entramparon. Esa veta no queda bien explotada en el
informe Ayotzinapa II, se limitaron a señalarla como un obstáculo, digno de
piadosas recomendaciones.
Una examinación minuciosa de las
estructuras gubernamentales de seguridad, sus competencias, procedimientos y
esquemas de coordinación les hubieran reportado hallazgos de discrecionalidad,
impunidad y simulación, hasta llegar a comprender y explicarse cómo colapsó el
mecanismo de seguridad y el desvió de su operación en contra de los fines que
los instituyeron.
Los Expertos deploran la
fragmentación de procesos, cuando desde la atracción del caso por parte de la
PGR se estableció un proceso primo del fuero federal, por eso la Fiscalía de
Guerrero trasladó su expediente pues ya existía un mando único de
investigación. A los Expertos los traían hechos locos. Eso ahora tiene su costo
y alguien tiene que pagar. Un nuevo llamado para que el gobierno encare la
investigación hasta dar con el paradero de los normalistas. De no ser así, las
voces que claman por la intervención internacional en la resolución del caso
crecerán, ahora con el respaldo abierto del Departamento de Estado, de Obama y Biden, para ser precisos.
