Las condiciones en las que se
postró a México en doce años de gobiernos panistas han llevado al nuevo
gobierno a reconfigurar los circuitos de poder de la política-política y sus
límites legítimos y legales de acción.
Primero, la vocación de conjuntar
a la clase política partidista en un acuerdo de propósitos de país, el Pacto
por México. Restablecer los intercambios directos y públicos que se dan entre
los poderes formales y los niveles de gobierno, para de ahí despejar en el
ámbito de la política las reformas. De manera característica la operación
legislativa para la reforma laboral, que tendrá que dar muestra de sus bondades o pasará a la historia como
una reforma que encareció los derechos de los trabajadores en beneficio de los
patrones. También la reforma a la educación con un fondo eminentemente
político, recuperar la rectoría del Estado en la materia y confinar la
influencia de la organización gremial de maestros a la administración de los
derechos laborales, sin interesarse por decapitar al sindicato.
Segundo, esta reconfiguración ha
incomodado a ciertos poderes fácticos mal acostumbrados en calidad de
interlocutores privilegiados, casi únicos, de la presidencia de la república.
Desde su cúpula de cúpulas se preguntaron ¿Por qué no nos invitan? En el Pacto
por México no está representada la sociedad o sea ellos, los empresarios. Si
algo ha fallado desde el inicio del proceso reformador es el desarreglo de una
clase política que al hacerse plural optó por el escándalo mediático a costa de
su débil prestigio, desarreglo finamente aprovechado por la cúpula mencionada.
El mensaje me parece claro y sano: zapatero a tus zapatos, los políticos a la
política y los empresarios a los negocios. No se puede tener un poder
compartido entre quienes tienen responsabilidades públicas y quienes sólo
buscan realizar su interés particular, considerar ese maridaje como deseable y
legítimo no es democrático.
Se ve claro como ahora que el
nuevo gobierno dispuso no dar exhibición mediática a la delincuencia, Emilio
Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego – a través de Televisa y TV Azteca,
también los satélites- han tomado la estafeta calderonista y se convierten en
los mejores propagandistas del crimen organizado. Lo que callaron ahora lo
exponen como deficiencia del gobierno en turno, procurando no tocar a su compañero
de ruta Felipe Calderón. Posición táctica que está en la expectativa de que el
gobierno se rinda totalmente a sus caprichos: controlar monopólicamente las
telecomunicaciones que de origen son un servicio público concesionado por el
Estado.
No es otro cariz de
descalificación de los poderes públicos el que toma la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que dio pauta a la liberación inmediata de la
francesa Florence Cassez. Lo que discutió la Corte no fue la inocencia de la
susodicha, lo que se puso a juicio fue la ilegalidad con la intervino el
Ministerio Público. Si queremos que nos rijan las leyes las autoridades son las
primeras obligadas en acatarlas, es un principio de orden que se debe extender
en su aplicación para otros casos. Pero el proceso torcido incluye la actuación
del entonces presidente Calderón, que por un lado concedía extradiciones
solicitadas por los Estados Unidos para llevar a su territorio a miembros del
crimen organizado y por el otro se negó, contraviniendo acuerdo internacional suscrito
por México, a extraditar a una delincuente para que purgara su condena en su
país. El resultado no es agradable, Cassez está libre gozando de cabal impunidad.
Tarde o temprano, Felipe Calderón
tendrá que rendir cuentas al Estado Mexicano, digo, si el actual gobierno
quiere afirmar su autoridad.
