Instituciones fracasadas*

El 25 de octubre de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto hizo los nombramientos para ocupar los despachos de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública. Arely Gómez González salió de la PGR para ocupar la vacante en la SFP. Raúl Cervantes Castillo llegó de reemplazo a la PGR. Los nombramientos fueron turnados para su ratificación al Senado. Al día siguiente, el 26 de octubre, se dio la ratificación del nuevo procurador. Al tercer día el Senado hizo lo mismo con la propuesta de Arely. Dos días de fiesta en el Senado impulsados por votaciones arrolladoras a favor de dos de sus colegas. Vale recordar que los nombrados pertenecen a la actual legislatura del Senado.

Del festejo a la realidad. Los altos funcionarios recién nombrados y ratificados, faltaba más, recibieron instituciones fracasadas en encomiendas de la mayor importancia: someter a la delincuencia organizada en un caso, abatir a la corrupción en el otro.

Raúl Cervantes sabe de esta historia de fracaso tejida en la PGR. Cuando de manera consistente se le otorgó a esa dependencia el combate al narcotráfico, y después, a la delincuencia organizada. Cuántas siglas se han levantado en el aparato público para combatir la lacra. Abreviando y para empezar, la aportación de Carlos Salinas de Gortari con la creación del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (1993) dependiente de la PGR. Con Ernesto Zedillo se desmanteló la creación salinista. En 1996 se crea la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en Contra de la Salud y la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. En 2003, Vicente Fox crea la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). En septiembre de 2012, Felipe Calderón renombra a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Mientras eso sucedía en el aparato  gubernamental, el crimen organizado evolucionó de manera acelerada. De ser todavía en los sesentas reos potenciales de delitos en contra de la salud, nombrados coloquialmente gomeros o marihuaneros, según si el giro delictivo se dedicaba al cultivo de la amapola o del cannabis. Todavía en ese entonces eran actividades toleradas por los pueblos o comunidades en los que se gestaban. Actividades sobre las cuales el Ejército mantenía vigilancia y control, la suficiente para llevar la fiesta en paz. Fue hasta que la PGR tomó, es un decir, las riendas sobre el asunto que casualmente el crimen organizado se diversifica y expande por toda la república mexicana. Surgieron los Capos como figuras públicas y a sus organizaciones se les llamó cárteles. La violencia sanguinaria se convirtió en un mal endémico asociado a la delincuencia organizada. Se entiende por qué digo que la PGR es una institución fracasada.

Pasemos ahora al paquete de doña Arely. Ella llega a una dependencia desahuciada por la actual administración, con los meses contados mientras se articula la nomenclatura del Sistema Nacional Anticorrupción. La historia de la institución en nada la beneficia. En el furor renovador de Miguel de la Madrid se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (1983) para supuestamente acabar con la corrupción. Después, Ernesto Zedillo la transformó en Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (1995). Le siguió Vicente Fox con otra invención, la Secretaría de la Función Pública. Lejos de abatir el mal, éste se expandió. Se entiende por qué hablo de una institución fracasada. Se hace creer que promulgando leyes, estableciendo burocracias y edificando siglas se combate a la corrupción. La solución es más sencilla: que los poderes Legislativo y  Judicial operen como contrapesos efectivos a los excesos del Ejecutivo.

Por consecuencia, la tarea de los recién nombrados se limitará a dejar pasar el tiempo para que no pase nada.

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*En el fondo de éstas historias de no éxito hay un proceso de cambio ideológico que ha llevado al país al borde del precipicio, donde precisamente lo recibió Peña Nieto. El antes, una ideología estatista que se decía revolucionaria para legitimar el autoritarismo. El presente, una ideología liberalista, pero no liberal, de tenaz repugnancia por el pasado, que se propone como nuevo paradigma y que se ha desplegado en un reformismo gradualista que no inició con Peña. Así se ha establecido una democracia electoral fundada en una gran bolsa de dinero pero ayuna de convicciones, para mantener y reproducir a la clase política. Una ideología que pone al éxito empresarial como santo y seña de una nueva era, sin advertir que en esta navegación se instalaba el motor de la codicia en la adopción ingenua del libre mercado. A ese barco se subieron los defraudadores, los estafadores, los especuladores, los traficantes de influencias, debidamente acompañados de funcionarios corruptos y el actor desequilibrante: el crimen organizado.