Antes, para no dejar escapar.
Uno, la semana pasada se firmaron
los acuerdos entre las autoridades –federal y académica- y los estudiantes del
Instituto Politécnico Nacional. Falta la fecha de reanudación de actividades y,
lo más importante, el compromiso de esa comunidad, sin demagogia, sobre lo que
harán para impulsar a los primeros planos al IPN y convertirlo en ejemplo de la
educación pública superior, empezando porque los docentes de tiempo completo
efectivamente lo sean al servicio de la formación de jóvenes. Para eso habría
que empezar por cuestionar al SNTE y las prácticas que degradan la formación
profesional en el Politécnico (como ocurre en otras unidades de la educación
pública superior)
Dos, es tiempo que las
autoridades de la Normal Rural de Ayotzinapa y los mentores de los alumnos del
primer semestre, hablen sobre los sucesos fatales de Iguala, Guerrero. Bajo qué
condiciones se contrataron cinco autobuses de la línea Costa Line para
trasladar a los normalistas a dicha ciudad el 26 de septiembre, cuando se quejan
de la insuficiencia de los recursos oficiales ¿Sabían de los pormenores del “proselitismo”
de los normalistas y no advirtieron el riesgo de dicha actividad en un estado
como Guerrero? Hoy Ayotzinapa está en la mente de toda la sociedad mexicana,
que no sólo sea por la desgracia, es tiempo que la Normal referida difunda el
valor y la aportación académicas de esa institución ¿En qué sentido constituyen
un modelo educativo para el desarrollo de las comunidades rurales marginadas?
Tres, qué confianza genera un
gobierno que se tarda más de dos meses para dar con el cuerpo de uno de los 43
desaparecidos. De qué sirven tantos recursos aprobados en el Congreso en
materia de seguridad si se encuentran miles de personas desparecidas, por
varias entidades de la república, desde hace dos décadas como mínimo.
Estos tres puntos, digamos
inquietudes, tienen que ver con la calidad del régimen o el Estado, me da igual,
capaz de proveer a la sociedad de los servicios suficientes y satisfactorios a
través del aparato público, es el caso de la educación, también lo es de la
seguridad, la salud.
De 1910 a 1982, el México de la
Revolución recreó el Estado social autoritario; de 1983 a nuestros días, el
México reformado fundó el actual Estado ultraliberal oligárquico. Más allá de
sus diferencias, llaman la atención las continuidades: debilidad del Estado de
derecho (corrupción, discrecionalidad, impunidad, justicia deficitaria) y
desigualdades sociales ejemplificadas en la alta concentración de la riqueza en
pocas manos y la pobreza extrema.
Considerando el pasado y el
presente de México contemporáneo, hace falta forjar el compromiso hacia la formación
del Estado social democrático con miras a un nuevo tramo de la historia
nacional. Importa el material de la tela con la cual confeccionar el un nuevo
Estado o régimen: Se cuenta con los empresarios, los partidos, las
organizaciones gremiales y civiles, la ciudadanía calificada, para en realidad
formar un nuevo México más allá de los cambios legislativos. Mi duda es
inmensa, no creo en nada, ni en nadie.
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Como ya es costumbre, la elaboración de mis artículos cuenta con el estímulo de la lectura, en esta ocasión tocó el turno a Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, Editorial Gustavo Gili, 2014.
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