Estructurado

Hubo una vez, ayer, un presidente que se sintió la rencarnación de J. E. Hoover y decidió combatir al crimen desde una visión de guerra de los buenos en contra de los malos, no escatimó recursos, incluidos la falsificación de hechos. Al final, el crimen no fue reducido, por el contrario, se fortaleció. No es de extrañar que el problema de la violencia criminal continúe. Lo abusivo es hablar de los muertos de Peña, eso se llama simplificar mañosamente la realidad con la intención de paralizar al gobierno de por sí entumecido por el letargo blanquiazul.

El crimen organizado no es un fenómeno, es una realidad que se asienta sobre estructuras establecidas a las cuales la delincuencia se acoge. En el orden que se guste, la violencia se ha estructurado por varias causas:

a) Disponibilidad de la oferta de armas ilimitada o casi;

b) Disposición amigable del sistema financiero para el lavado de dinero, así como de otros negocios;

c) La adopción de un régimen de libre mercado que funciona mejor a condición de un desempleo consistente y salarios empobrecedores. La aspiración populista de ocupación plena y salario remunerador está sepultada.

Sobre estas condiciones estructurales la delincuencia tiene alta rentabilidad, se obvian los costos de control del Estado (burocracia, impuestos, trámites) y, lo atractivo, no te exige educación.

Eso por lo que se refiere a las condiciones que fortalecen al crimen organizado, por lo que se refiere al aparato gubernamental éste no se encuentra en las mejores condiciones y si lo que se quiere es mover a México habrá que empezar por mover a la burocracia. No hemos visto un informe que nos dé cuenta de los beneficios obtenidos con el decreto de austeridad con el que inició el actual gobierno y a duras penas formalmente se ha reorganizado la administración pública federal.

El problema de la burocracia tiene dos frentes: el de los grupos de interés que capturan cada sector gubernamental, ejemplo de moda es el de la educación, que no se limita al control gremial de las aulas públicas sino que se extiende hasta las mismas oficinas de la SEP. No hay sector gubernamental que no haya formado su propio grupo de interés que negocian y obstruyen el quehacer del gobierno. El otro obstáculo es el servicio profesional de carrera del servicio público que se limita a extender patentes de corzo, lejos de establecer a una burocracia de confianza comprometida con el servicio público, la plaza, no la patria, es primero. El SPC es como el agua de bonga, no sirve pa’ná.

Bien por el gobierno que quiere acotar los intereses, pero unos a otros se dicen, acótense los intereses en los bueyes de mi compadre.

No sería extraño que ante la promulgación de la nueva ley de amparo, o la reforma a las telecomunicaciones, los empresarios inicien su propia guerra para socavar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.   Los empresarios, como los normalistas, verán la manera de atajar los cambios al fin que al país se lo puede llevar la tristeza.