El jueves tres de febrero, diputados del Partido del Trabajo desplegaron una manta en la tribuna de San Lázaro en la que se cuestionaba el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón. En la página de la Presidencia no apareció comunicado alguno que diera respuesta a la imputación de los diputados. El viernes cuatro, a la periodista Carmen Aristegui se le hizo relevante solicitar a micrófono abierto, durante la emisión de su noticiario matutino radiofónico, una respuesta oficial a los dichos de los diputados. Acto seguido, la entrevistadora fue cesada de la empresa para la cual trabajaba y dejó en la orfandad a sus miles de radioescuchas.
Aquí no hay casualidades, aquí se constata la fragilidad con la que se desempeña el ejercicio del periodismo que no se asume como altoparlante del oficialismo.
El asunto que dio lugar al cese de Aristegui es baladí, pues da igual si el Presidente es alcohólico o no. Lo que importa es que el titular del Ejecutivo responda con efectividad a las responsabilidades de su encargo.
Qué nos tiene que decir Felipe Calderón de su oferta de empleo. Se ha cumplido a lo largo del sexenio, se han creado plazas con ingresos decorosos y con las prestaciones de ley. El mercado que tanto se ha alentado tiene la solidez para producir de manera constante plazas suficientes para reducir el desempleo o sólo de trata del mercado que garantice la concentración del ingreso en manos de unos cuantos.
Qué hay de la rendición de cuentas. Este es uno de los reclamos que le hace la sociedad a las administraciones del Partido Acción Nacional, instituto que cuando era oposición denunció la corrupción como el mayor flagelo del país. No hay demostración palmaria que este rubro de la rendición de cuentas haya sido modificado radicalmente a favor del buen uso de los recursos públicos. La cleptomanía sigue distinguiendo a la alta burocracia. Llegados al poder arriaron la bandera.
La democracia electoral ha tomado la pendiente de los rendimientos decrecientes después de la alternancia. El IFE, la fiscalía especial y el Tribunal han quedado rebasados por prácticas ilegales en cada proceso electoral. Todo está permitido, al menos no hay manera evitar y sancionar las trampas, de inhibirlas. Gobernadores de todos los partidos y las Delegaciones federales intervienen con impunidad. No hay responsabilidad respecto a las plataformas políticas y los compromisos de gobierno se orientan hacia los compañeros de partido y los amigos. La traición es uso y costumbre. Guerrero y Baja California Sur son ejemplo reciente del camino torcido al que los políticos han llevado a las instituciones democráticas.
El combate al crimen organizado, obligación del gobierno, tiene un saldo de más de treinta y cinco mil muertes y una víctima destacada, la legalidad. Los delincuentes ganan territorio, actúan con mayor descaro y agresividad, no se detiene la producción y el trasiego de droga, aumenta el consumo de estupefacientes y se diversifican las actividades delictivas. El crimen organizado es espejo de una élite voraz y corrupta. Peor aún, la sociedad ya padece con estupor la militarización con la que se ha pretendido darle fin al crimen organizado.
El presidente Calderón está herido en su imagen, no por la manta de unos diputados, ni por lo que dicen las encuestas de opinión, si no por su propia incompetencia y terquedad. Si eso no lo reconoce él, entonces ya no tiene remedio. Y Lo que más le duele al Presidente es el hecho de que la ciudadanía no se conduele de las tribulaciones presidenciales. Ni de él, ni del resto de la clase política, particularmente la que pertenece al PAN. Esto es así porque la gente sospecha que la transición les quedó grande a los que se autonombraron hacedores del cambio.
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