Cuando dio inicio la transición democrática de México en el último cuarto del siglo pasado, una de sus tareas imaginadas por la sociedad civil era desmantelamiento del autoritarismo. Sin desaparecer del todo el abuso de poder, se daban gestos y esquemas de ley que daban verosimilitud a que el proceso de transición estaba en marcha. La alternancia en el poder Ejecutivo se visualizó como una evidencia sólida de que la transición era irreversible. Para desgracia, la maldad como la voluntad divina, tiene sus caminos secretos. La llegada de la derecha al poder, vestida con el prestigio de la transición, se ha encargado de ir desmontando la transición y restaurando, ladrillo por ladrillo, el autoritarismo.
Más que un recuento de los afanes autoritarios del actual gobierno del PAN, de sobra conocidos y documentados, baste señalar la serie de acontecimientos que día a día y semana a semana nos confirman que la transición se echó a perder en manos de Felipe Calderón con su nefasto gobierno. Una raya más al tigre autoritario, al desorden institucional que se ha generado desde la presidencia de la república, es el asalto de las fuerzas federales para echar abajo un acto de autoridad del municipio de Ensenada en el estado de Baja California.
El presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo, decidió asumir el acto de autoridad que representa la clausura de una empresa que no cumple a cabalidad con las normas que rigen al municipio, en este caso la trasnacional Sempra Energy (Energía Costa Azul su denominación como filial de la trasnacional) Eso fue el viernes 11 de febrero. Ése mismo día, cerca de la media noche, el ejército tomó las instalaciones de la empresa acompañado por el secretario de gobierno del Estado, Cuauhtémoc Cardona. Instruido el operativo a través de insistentes comunicaciones telefónicas desde la secretaría de gobernación. Aunque en el proceso también tuvo que ver Francisco Javier Salazar Diez (Hijo del hijoeputa que solapó el crimen en la tragedia de Pasta de Conchos, Coahuila) quien alguna vez estuvo al frente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y se hacía eco de las voces que querían cerrar instalaciones que son resguardo de desechos radiactivos. Personaje que hoy, desde el Ejecutivo federal, es encargado de la Comisión Reguladora de Energía y apoya el aplastamiento del artículo 115 constitucional.
No se trató de una requisa pues no es el caso de una empresa pública o paraestatal. Tampoco existe decreto, así fuera jalado de los pelos –recuérdese el que desmanteló a la Compañía de Luz y Fuerza. Hasta este momento no se ha divulgado procedimiento de ley que justifique la intervención del Ejército. Prueba más de que el autoritarismo opera en la opacidad. No se sabe si mañana aparecerá el extraterrestre de Los Pinos, Gil Zuarth, a dar una explicación o si tendremos que esperar años a que nos dé luz una filtración.
Lo que sí queda claro es que se usa la fuerza del Ejército mexicano para salvaguardar los intereses de una compañía norteamericana ante la actitud de comparsa de los poderes Judicial y Legislativo, de los partidos también.
El autoritarismo goza de cabal salud, con o sin alcohol.
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