Praxis del Estado fingido

A manera de continuación de la primicia del Estado fingido, no podemos dejar escapar la ocasión que nos da el secretario de trabajo y previsión social para exponer un aspecto práctico asociado a novísimo planteamiento teórico. El Lic. Javier Lozano Alarcón ha incitado a los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro a que desistan de promover procedimientos legales en contra del decretazo del 11 de octubre pasado con el que se “extingue” Luz y Fuerza del Centro. Les pide a los del SME que no defiendan sus derechos y que acepten sin chistar la voluntad presidencial condenatoria de su existencia laboral.

Así de fácil, éste abogado desalienta el recurso de la legalidad cuando se trata de defender un derecho afectado por una autoridad. Si esa lógica cundiera, cualquier instrumento como el juicio de amparo o todo tipo de defensoría de derechos habría que desestimarlos. Qué sería del país de adoptar esa lógica: el retroceso total.

Si la autoridad afecta la propiedad, la familia, el trabajo o el patrimonio de cualquier ciudadano, la recomendación del cara dura de Lozano Alarcón es no interponer recurso legal en contra de la afectación. Suena descabellado, lo es. No se le puede pedir a la gente que no defienda sus derechos. La recomendación tiene sentido para el funcionamiento del Estado fingido que da entender lo que no es cierto, en este caso, que el ciudadano no tiene derecho a la defensa legal.

La praxis del Estado fingido propone ocluir la vía de la legalidad para que cualquier decreto presidencial siga la consigna de publíquese y acátese. Supone que cualquier decisión de la autoridad es incontrovertible e inapelable. Como no hay sustento jurídico sólido para tal supuesto, lo que la ley no dicta se ha querido subsanar con la campaña de linchamiento y la desinformación en contra de los trabajadores.

El secretario del trabajo debería de entender que el derecho laboral, en aras de llegar al equilibrio entre los factores de la producción, les otorga a los involucrados procedimientos claros y ciertos para defenderse. Pero es una realidad que no acepta Alarcón Lozano y por eso mantiene litigios abiertos como el existente entre los mineros y el empresario Germán Larrea.

El secretario en cuestión procede de una escuela que no se ha significado por el derecho laboral como defensa de los trabajadores. Profesionalmente, en el servicio público se ha formado dentro de las huestes de la tecnocracia. Y su especialidad en el ámbito del derecho son las telecomunicaciones que, por cierto, son parte del negocio que se quiere consumar con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Por mera curiosidad, por morbo, estaría de escándalo conocer la opinión del sr. Lozano su opinión sobre el llamado Chiquihuitazo, el agandalle sobre una concesión que hizo TV Azteca en perjuicio de la extinguida opción de televisión CNI Canal 40. A favor de quién estaría, de Moreno Valle o de Salinas Pliego.

El secretario del trabajo ha metido en un problemón a Felipe Calderón, aún sí haya sido por instrucción presidencial. Otro ex priísta que compromete al Presidente y no le resuelve la chamba de manera aseada. Hoy descalifica los procedimientos judiciales, mañana tal vez se vea obligado a dejar la STyPS que le resulta tan ajena. El miércoles 11 de noviembre será un día decisivo para la permanencia de Lozano al frente de la secretaría.