Desvío

Hubo una vez la narración de un camino que llevaba a México al mundo desarrollado y al concierto de los países democráticos. Algo ha pasado, pues en el trayecto se ha desviado la ruta original. El destino se dirige a la decepción, lejos de las economías emergentes y sin alcanzar la consolidación democrática.


Con los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, que ya son 47, no hay autoridad que asuma responsabilidades. Unos a otros se inculpan, desde el gobierno de Sonora a las autoridades federales. Lo último, la declaración de Daniel Karam, quien con pose de Ministerio Público, sentencia: la culpa es por la bodega que rentaba el gobierno del Estado, la que no cumplía condiciones de seguridad. ¿Y el galerón de la guardería si las cumplía? Vaya forma de quererse zafar del director del IMSS. Todas las autoridades involucradas cojean del mismo pie: incumplimiento de los procedimientos administrativos en los tramos que les correspondían. Tan se parecen que hasta podría sospecharse de asociación delictuosa en esta trama de los menores embodegados.


Por más que se quiera aprovechar el confuso proceso de elección a Delegado en Iztapalapa, ése no es tema que pueda rivalizar con el de la guardería ABC. Por una razón muy sencilla, en un caso se trata de víctimas fatales de la irresponsabilidad gubernamental y de los concesionarios de la guardería. En el segundo caso, se trata de un asunto interno del PRD y sus conflictos se los cobrarán en las urnas los ciudadanos. Un asunto interno del que el Tribunal de la federación especializado en asuntos electorales tuvo a bien sacarlo de madre. Bien pudieron los magistrados encontrar otra salida jurídica y encontraron la más explosiva. Cancelar una candidatura con la campaña en marcha y la papelería impresa, dando de alta a otra candidata que no aparecerá en las boletas y que no tendrá tiempo de hacer campaña. Si el conflicto se escala en Iztapalapa los responsables, por insensibles, serán los miembros del Tribunal.


Otro asunto son las consignaciones de las autoridades michoacanas que habían sido arraigadas por atribuírseles vínculos con el grupo delictivo de La Familia. No sólo hubo consignaciones, sino que se divulgó una averiguación previa que señala al gobernador de Michoacán con fuertes vínculos con La Familia. En unas cuantas semanas, Felipe Calderón entra en conflicto con dos gobernadores. Uno, Eduardo Bours Castelo, que le ayudo en Sonora en la operación de las polémicas del 2006, traicionando al candidato a la Presidencia de su partido el PRI. El otro, Leonel Godoy, que contribuyó desde una corriente del PRD a la legitimación poselectoral del presidente Calderón.


En el colmo, ni en las mismas filas del gobierno federal hay unanimidad respecto al combate al crimen organizado. Según Cecilia Romero, encargada del Instituto Nacional de Migración, el tráfico de personas es un mal de la humanidad sin solución. Las instituciones tienen que resignarse. Se olvida que el actual gobierno ha declarado una lucha frontal contra el crimen organizado, pero aun, el tráfico de personas no es acaso una variante de la delincuencia organizada. Con qué cara se les pide a los militares enfrentar al crimen organizado.


Así van las cosas, la democracia electoral no es acompañada de un nuevo comportamiento de la clase política, de acuerdo con un orden con mayor escrutinio público. Los defectos en el desempeño del aparato público se le quieren endosar al burócrata común. En lo económico, el gobierno insiste en que la crisis ya tocó fondo. Que así sea. Lo que no se dice es hasta cuando se recuperará la economía, porque bien puede entrar el país en un periodo de estancamiento. Se toca fondo pero no se sale del hoyo.


Urge encontrar el hilo de la narración que lleve al país a un mejor futuro, distinto al aciago presente de violencia criminal, impunidad gubernamental y desigualdad social.