De la derrota frente a los especuladores del maíz que afrentaron al pueblo de maíz, el gobierno de Felipe Calderón reajustó la agenda nacional al punto de inicio: la seguridad. El operativo de las fuerzas federales de seguridad en Acapulco, Guerrero, adquirió la visibilidad suficiente para que el debate tortillero pasará a segundo plano. No fue suficiente la enésima ceremonia con los mandos militares. En esta ocasión, el secretario de Marina hizo entrega solemne de un sable al Presidente, para simbolizar que la lucha contra el crimen organizado es la prioridad.
Pero fue necesaria la extradición de quince delincuentes, reclamados por la justicia estadounidense –unos cuantos de una lista mayor- para que el gobierno de los Estados Unidos obsequiara un aplauso al Presidente de México, después de la vapuleada recibida tras el aumento al precio del kilo de tortilla. Valiente fue el adjetivo que uso Tony Garza, embajador de los güeros, seguido por una serie de reconocimientos por parte de las autoridades norteamericanas.
Un acto deliberado o desesperado, no se sabe. Lo que se vio fue un gesto del presidente Calderón hacia los Estados Unidos, clamando por apoyo en momentos en que los apoyos internos se encarecen. Lo mismo hizo Ernesto Zedillo cuando la economía se le despeñaba en caída libre. Pero para Felipe Calderón el problema es político y de muchas aristas. De hecho, sólo los gobernadores son aliados. No es poca cosa, pero se trata de aliados movidos por intereses de índole presupuestal, el reparto de los dineros de la federación.
Se ha emprendido una necesaria operación en contra del crimen organizado y no son del dominio público las repercusiones posibles, más allá de la especulación publicada en los diarios. La autoridad reconoce que los resultados no serán inmediatos en una guerra que se avizora larga. Por eso es en esta coyuntura donde los respaldos, las alianzas para mayor precisión, harían la suerte de efecto legitimador.
Que el Presidente no haya logrado una alianza con el PRD es entendible. Con el PRI se dan otras razones, no hay interlocutor único, menos cuando está en proceso de cambiar su dirigencia ese instituto. Lo que ha sorprendido es la ríspida relación del Ejecutivo con su propio partido, el de Acción Nacional, ni siquiera los coordinadores parlamentarios en ambas Cámaras son al cien por cien felipistas. Para hacer más agria la relación, Manuel Espino ha convertido a su partido en casa de seguridad de los foxistas. Incluso el jaloneo con la fuerza magisterial ha dado de qué hablar sobre la ausencia de una alianza sólida sobre la que se soporte políticamente el gobierno federal.
La guerra contra el narcotráfico acuarteló el lunes 22 de enero al gabinete de seguridad, a los gobernadores o sus representantes y al representante de la Comisión Permanente del Congreso en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional. Y lo que sigue sin explicación es la falta de adhesión abierta de la dirigencia del PAN a los empeños gubernamentales en materia de seguridad.
Lo que está por verse, si es que los empeños son genuinos, es la afectación de intereses elitistas ligados al narcotráfico. Por ejemplo, si están involucrados personajes del gobierno anterior o gobernadores y munícipes en funciones. También está por verse el alcance hacia los nuevos operadores de la delincuencia organizada, si su capacidad de reorganización criminal ya minimizó las pérdidas reportadas por los capos aprehendidos en sexenios anteriores.
No queda mas que albergar la esperanza de que el presidente Calderón tenga las fichas ganadoras de este juego, pues se quedó con una que otra mula de la mano anterior.
Pero fue necesaria la extradición de quince delincuentes, reclamados por la justicia estadounidense –unos cuantos de una lista mayor- para que el gobierno de los Estados Unidos obsequiara un aplauso al Presidente de México, después de la vapuleada recibida tras el aumento al precio del kilo de tortilla. Valiente fue el adjetivo que uso Tony Garza, embajador de los güeros, seguido por una serie de reconocimientos por parte de las autoridades norteamericanas.
Un acto deliberado o desesperado, no se sabe. Lo que se vio fue un gesto del presidente Calderón hacia los Estados Unidos, clamando por apoyo en momentos en que los apoyos internos se encarecen. Lo mismo hizo Ernesto Zedillo cuando la economía se le despeñaba en caída libre. Pero para Felipe Calderón el problema es político y de muchas aristas. De hecho, sólo los gobernadores son aliados. No es poca cosa, pero se trata de aliados movidos por intereses de índole presupuestal, el reparto de los dineros de la federación.
Se ha emprendido una necesaria operación en contra del crimen organizado y no son del dominio público las repercusiones posibles, más allá de la especulación publicada en los diarios. La autoridad reconoce que los resultados no serán inmediatos en una guerra que se avizora larga. Por eso es en esta coyuntura donde los respaldos, las alianzas para mayor precisión, harían la suerte de efecto legitimador.
Que el Presidente no haya logrado una alianza con el PRD es entendible. Con el PRI se dan otras razones, no hay interlocutor único, menos cuando está en proceso de cambiar su dirigencia ese instituto. Lo que ha sorprendido es la ríspida relación del Ejecutivo con su propio partido, el de Acción Nacional, ni siquiera los coordinadores parlamentarios en ambas Cámaras son al cien por cien felipistas. Para hacer más agria la relación, Manuel Espino ha convertido a su partido en casa de seguridad de los foxistas. Incluso el jaloneo con la fuerza magisterial ha dado de qué hablar sobre la ausencia de una alianza sólida sobre la que se soporte políticamente el gobierno federal.
La guerra contra el narcotráfico acuarteló el lunes 22 de enero al gabinete de seguridad, a los gobernadores o sus representantes y al representante de la Comisión Permanente del Congreso en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional. Y lo que sigue sin explicación es la falta de adhesión abierta de la dirigencia del PAN a los empeños gubernamentales en materia de seguridad.
Lo que está por verse, si es que los empeños son genuinos, es la afectación de intereses elitistas ligados al narcotráfico. Por ejemplo, si están involucrados personajes del gobierno anterior o gobernadores y munícipes en funciones. También está por verse el alcance hacia los nuevos operadores de la delincuencia organizada, si su capacidad de reorganización criminal ya minimizó las pérdidas reportadas por los capos aprehendidos en sexenios anteriores.
No queda mas que albergar la esperanza de que el presidente Calderón tenga las fichas ganadoras de este juego, pues se quedó con una que otra mula de la mano anterior.
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