Durante el gobierno de Miguel de
la Madrid se empezó a generar condiciones para el desastre neoliberal. Faltaron
reformas de gran “calado”, como les dio gusto decir a los tecnócratas. Eso sí,
fue un gobierno de contención de las demandas agrarias, sindicales y de fumar
la pipa de la paz con los empresarios. De falsa moralización y fingido combate
a la corrupción, de perseverante estigmatización de la inversión pública. De
empoderamiento de los cuadros tecnocráticos y la siembra de su núcleo
ideológico: los derechos de propiedad primero. Con la desfachatez de seguirse
proclamando dentro del nacionalismo revolucionario. Se comenzó a romper los
equilibrios, más no efectivos o no plenamente realizados, con los derechos
laborales, a la educación y la salud. Los derechos de propiedad se convirtieron
en el centro y guía de la conducción del país, sin advertir que serviría de
eficaz encubrimiento de la corrupción, el tráfico de influencias, despojos,
desfalcos fiscales, formación de empresas fachadas. Nada que ver con un idílico
libre comercio. En una alianza entre empresarios y políticos, representada en
la metáfora de la puerta giratoria.
Los sucesores del presidente gris
se encargaron de hacer los cambios jurídicos para institucionalizar la
corrupción, legalizar el robo. Así, de manera sostenida, los gobiernos
neoliberales se brindaron continuidad antes que rupturas. Se puede sugerir que
el pleito entre Zedillo y Salinas fue más una simulación distractora que una
confrontación de políticas. Fue el de Agualeguas el que, con el apoyo del
Congreso, instituyó en la ley, el Fondo para atender la eventualidad de
insolvencias de la banca reprivatizada por él. Fue el Burro Blanco, el que, de
manera despiadada, operó el FOBAPROA (IPAB) para hacer deuda pública la quiebra
de los bancos privados. Algo semejante se puede decir de la alternancia, el
cambio de partido político en la titularidad del Poder Ejecutivo. Más que nada,
se trató de la instauración del “turnopartido” para darle continuidad a un mismo
proyecto centrado en el proyecto en el derecho de la propiedad privada y las
distorsiones mencionadas en el párrafo anterior. Dotarlo de legitimidad
electoral.
Repito. Los cambios jurídicos se
orientaron a la apropiación de riqueza en pocas manos y al despojo de la
mayoría de la población, de sus bienes y derechos.
Para clarificar, pondré la
vinculación privatizadora de una reforma estructural y la respuesta de
resistencia de un núcleo de población. La reforma al artículo 27 constitucional
impulsada por Salinas de Gortari le quitó el carácter inalienable a la
propiedad ejidal. Estatuyó un procedimiento, la certificación de derechos
ejidales como la llave para abrir al mercado las parcelas ejidales; Ernesto
Zedillo se esmeró en avanzar el programa de certificación hasta concluirlo. No
por ello los campesinos se pusieron a vender sus tierras, por el contrario, se
hicieron más conscientes de cuidar su patrimonio; Vicente Fox, en alianza con
el gobernador mexiquense Arturo Montiel, se montó en esta reforma estructural
para promover la primera versión del aeropuerto en Texcoco sobre los terrenos
ejidales de San Salvador Atenco. Les ofrecieron una bicoca a los ejidatarios.
Éstos se dieron cuenta de que se trataba de un potencial despojo e iniciaron
una movilización que hizo naufragar el proyecto foxiano. Con el cambio de
gobierno en el Estado de México, todavía dentro del sexenio de Fox, Enrique
Peña Nieto -en complicidad con Fox erizo- reprimió a los ejidatarios de Atenco,
en venganza por haber frustrado ese proyecto aeroportuario. Peña Nieto hizo una
segunda versión de construcción del aeropuerto internacional de la CDMX,
secando uno de los remanentes del antiguo Lago de Texcoco. Ya se sabe como
acabó ese segundo proyecto, desbarrancado por un nuevo gobierno y una consulta
popular; para cerrar sobre las consecuencias depredadoras de la reforma al 27
constitucional, durante el gobierno de Felipe Calderón se concesionaron miles
de hectáreas para fundar explotaciones mineras. Otra vertiente del saqueo
neoliberal, aplaudida por mineras canadienses y empresarios como Alberto
Bailléres y Germán Larrea.
Por todo esto, la consulta del
primero de agosto es ocasión para darle un tercer mazazo cívico a los políticos
y funcionarios que hicieron de las reformas estructurales una palanca para su
propio enriquecimiento. Cuando se tiene claro que la política y el servicio
público sólo tienen como fin superior el bien de los ciudadanos.
