martes, 4 de mayo de 2021

El sofista de la norma

 

Una estructura de autoridad ha alcanzado su madurez cuando el balance entre el cumplimiento de las normas y las decisiones se inclinan hacia el primer elemento de este par. En México, la esfera electoral no ha salido del todo del ámbito “decisionista”, las normas siguen siendo bastante frágiles frente al peso de otras instancias ajenas al Derecho, como los son ciertos poderes fácticos que distorsionan y llegan hasta anular la libre manifestación de la voluntad ciudadana.

Lorenzo Córdova, versado en autores del constitucionalismo alemán del siglo pasado, además está perfumado por la fragancia que emana de los estudios de Norberto Bobbio. Está enterado de la línea que separa la norma de la decisión, lo jurídico de lo político. No se equivoca por ignorancia sino por interés.



Por ejemplo, Lorenzo reconoce la primacía de la ley superior que es la Constitución, no obstante, se ampara para no cumplir el mandato constitucional sobre el tope de los salarios de los altos funcionarios; tampoco ignora que una falta administrativa no amerita conculcar derechos políticos de las personas que en su calidad de ciudadanos tienen el derecho a ser votados. Retirar candidaturas alegando una pobre justificación, bajo la cobertura del pleno de un Consejo, no quita el hecho de que se trató de una decisión autocrática. Seguramente el especialista en la materia podrá encontrar otras aristas y opiniones.

Desde la perspectiva del análisis político, se accede al cargo de consejero del INE siguiendo la normativa a disposición, pero la decisión esta directamente ligada a la correlación de fuerzas dentro de la Cámara de Diputados. El actual consejero presidente, al momento de su designación, es arreglo de la correlación de fuerzas formada por el PRI, el PAN y el PRD en el Palacio de San Lázaro y reforzada, en ese entonces, por el inquilino de Los Pinos. Esa correlación subsiste de manera debilitada desde julio de 2018, la coalición de Morena en el Congreso y el ascenso de López Obrador a la presidencia de la república, establecieron una correlación de fuerzas dirigente opuesta a los fraudes y trampas electorales. Nada más anoto: Lorenzo Córdova no vio el fraude en las elecciones del Estado de México, tampoco se enteró del financiamiento ilegal que la empresa Odebrecht a la campaña de Peña Nieto. Su veneración por la norma resultó sofisma.

La consecuencia de estar en una correlación de fuerzas que no le es favorable, ha orillado a Lorenzo a salirse de la obligada imparcialidad, alineándose a favor de la coalición opositora Va por México. Él coincide plenamente con Claudio X. en el propósito de impedir la mayoría de la coalición morenista en la Cámara de Diputados. Por ello ha claudicado a mantener el precepto de neutralidad pues está en juego su posición personal de consejero, vela por sus intereses y contra ellos no hay democracia que valga. A caso no lo han visto salir en todos los medios, como si estuviera en campaña. El árbitro se subió a las gradas.

martes, 27 de abril de 2021

Pavor a la reforma Zaldívar

“El modelo normal de justicia, al que nos aferramos, no es dado a investigar el carácter de la injusticia o de sus víctimas. No nos dice todo lo que deberíamos saber siquiera sobre una de esas dos cosas…El marco mental en el que opera la justicia sólo considera aquello que es relevante para sus propósitos sociales, no todo lo que deberíamos conocer acerca de la desventura y de la injusticia.”

“Lo que hemos aprendido es que la figura del funcionario público injusto es bastante real. Simplemente no le interesa lo que le pase a otra gente como resultado de sus acciones ni tampoco le interesa la mala conducta de otros.”

Judith Shklar




El viernes 23 de abril, durante la mañanera informativa del gobierno de México, se expuso largo y tendido sobre el proceso de deliberación que dio cauce a la reforma sobre la subcontratación. Proceso que le dio forma de proyecto de ley recién aprobado en el Congreso. Lo informado no adquirió mayor relieve en las ocho columnas, salvo excepciones. Tampoco fue materia para la mayoría de los opinadores. El tema que ha hecho rabiar a los conservadores es el de la reforma al Poder Judicial, más exactamente el artículo transitorio que prolonga el mandato por dos años del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Meses atrás, Zaldívar había puesto a la consideración del Congreso. El propósito central de la reforma es purgar las prácticas corruptas que se estilan dentro del aparato de ese poder constitucional. Los legisladores dispusieron un artículo transitorio a fin de que el ministro Zaldívar conduzca la instrumentación de la reforma señalada.

La reacción de los afectados -esto es, los beneficiarios de la corrupción del modelo de justicia a remplazar- estalló y pronto se enrollaron en la bandera del constitucionalismo, acusaron de inconstitucionalidad. Se vela el hecho de la relación pervertida que se dio entre la presidencia de la república, la Corte y la procuración de justicia entonces a cargo del Ejecutivo federal. Aquellos tiempos en los que el presidente en turno jugaba con todas las canicas. Hay que recordar, para no repetir, la manera abusiva como podía intervenir un presidente, dar manotazos sin siquiera ser amonestado públicamente. El tema me lo ha traído a cuento Diego Valadés Ríos, indignado opositor al artículo transitorio. Diego Valadés podría escribir un libro sobre las relaciones de complicidad e impunidad que se tejieron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ¿Cuándo nos dará el gusto?

Como todos los procuradores generales de la república, durante ese sexenio tuvieron un encargo breve, el de Valadés fue el más breve, del 10 de enero de 1994 al 14 de mayo. A él le tocó iniciar formalmente la investigación del asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de ese año. La verdad poco pudo hacer pues renunció semanas después. De hecho, la investigación la intervino de manera ilegal y anticonstitucional el gobernador de Sonora de entonces, Manlio Fabio Beltrones. Peor para Valadés, se nombró un fiscal especial para el caso a Miguel Montes García, quien había dejado el cargo de ministro de la Corte (30 de junio de 1992- 25 de marzo de 1994); a su vez, Diego Valadés fue nombrado ministro de la Corte (del 31 de mayo al 31 de diciembre de 1994), lo sustituyó como procurador hasta el fin del sexenio Humberto Benítez Treviño, el quinto y último procurador general puesto por Salinas. Todos estos movimientos fueron decisión del presidente, sin rendir cuentas de nada ni a nadie. Con toda la plenitud de la concentración del poder sin contrapesos.

Sí, el primer nombramiento al mando de la PGR y su policía ministerial fue Enrique Álvarez del Castillo. Él fue ministro también en el año 1982, gobernador de Jalisco de 1983 a 1988, lapso durante el cual se asentó el cártel de Guadalajara o de Jalisco, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Después fue nombrado procurador general del 1 de diciembre de 1988 al 21 de mayo de 1991; el segundo en arribar al puesto fue Ignacio Morales Lechuga (hoy ferviente opositor a la reforma judicial) del 22 de mayo de 1991 al 4 de enero de 1993. A él le tocó ser parte del lamentable enfrentamiento entre policías ministeriales a su cargo y miembros del Ejército Mexicano en el Llano de la Víbora, Tlalixcoyan, Veracruz; el tercer procurador fue Jorge Carpizo MacGregor, del 4 de enero de 1993 al 10 de enero de 1994. Carpizo dejó el cargo para asumir la secretaría de gobernación a resultas del alzamiento indígena de Los Altos de Chiapas. Como procurador enfrentó el oscuro caso del asesinato, en el aeropuerto de Guadalajara, del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo.

Como se ve, de tiempo atrás hay un problema de descomposición en el sistema de justicia mexicano, ni la reforma de Ernesto Zedillo resolvió. Por el contrario, la justicia se puso al servicio de intereses oligárquicos. Por eso el ministro Arturo Zaldívar merece toda nuestra confianza.

miércoles, 21 de abril de 2021

El juego de los fachos

El contenido fascista de la oposición a la cuarta transformación ya lo abordé en otra ocasión ( https://tonalpohualli-rodmigster.blogspot.com/2020/06/esquemas-de-derecha.html ) y varias veces más. Ahora quiero ponerlo en el contexto del proceso electoral en curso, agregando un elemento inquietante: la censura.

Históricamente, como corriente política, el fascismo tuvo tres presentaciones. La italiana de motivación anticomunista. La alemana de odio racial antijudío. La española de combate al gobierno del pueblo, claramente antirrepublicana.

En estos días de campaña podemos apreciar esos contenidos: tenemos una candidata del PAN en Chihuahua en proclama anticomunista. El dueño de una televisora, Ricardo Salinas, haciendo la apuesta anticomunista; personeros sin crédito -como Gabriel Quadri- que postulan que los pueblos del sur del país, donde se concentran la mayoría de los poblados indígenas, tendrían que ser segregados. A los racistas mexicanos se les conoce como “whitexicans”; están quienes desde la posición oligárquica que les acomodaba en el antiguo régimen, insisten en despreciar la cosa pública y privatizarlo todo, son antirrepublicanos.




El fascismo ensarapado, que no se atreve a pronunciar su nombre, ha formado la alianza va por México, de cuyos partidos conformados legalmente tiene acceso a recursos públicos etiquetados. Al igual que los antecedentes mencionados, no hay fascismo sin la aportación del gran capital. Cuánto dinero pondrá a disposición, no lo sabemos. Hasta ahora, sólo un empresario ha declarado poner miles de millones para quitar del poder al presidente López Obrador. El dueño de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal. Qué hará el INE, tal vez será omiso como cuando no se dio cuenta de la aportación de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto. Todo un trabajo para la Unidad de Inteligencia Financiera.

El otro contenido fascista que está presente en las campañas son las noticias falsas, los rumores y montajes. En realidad, tienen una producción acumulada desde antes de comenzar el gobierno de Morena. Grandes medios y opinión publicada no se dan tregua en la publicación de mentiras. Nada más por las formas de distorsionar la cobertura de la pandemia merecen repugnancia.

A este perfil del fascismo se agrega la promoción de la censura de parte de dos consejeros del INE, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova. Es conocido que toda difusión y ejecución de programas sociales quedan suspendidas por ley durante las campañas. Lo que la ley no obliga es detener la marcha del gobierno, ni el surtido de información gubernamental. A pesar de ello, a los consejeros mencionados les ha dado la peregrina idea de censurar las conferencias del presidente, la voz presidencial, porque según ellos se trasgrede la norma en su muy estirada interpretación de la ley. Lo que pretenden es censurar y la censura no se lleva con la democracia, es un atentado a la libertad de expresión. Es una posición fascista.

Por ello hay que ser cuidadoso con el voto, votar por la república contra el fascismo.

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