Perder el Estado

Tener una aproximación de lo que está sucediendo en México no alcanza con el registro de noticias sobre un país que, periodísticamente, se ha vuelto nota roja. Aproximarnos a lo que sucede, en medio de la impudicia política y los sentimientos de venganza que han emergido y multiplicado, al desamparo de 43 estudiantes normalistas de cuyas anunciadas osamentas ya se prepara un festín más de la lucha por el poder.

Cómo abordar el nuevo pico informativo generado por la conferencia de prensa, dada por el procurador Jesús Murillo Karam, el viernes 7 de noviembre. Desde la PGR se presentó una crónica basada en la confesión de tres participantes, ejecutores de los normalistas de Ayotzinapa. Exterminio expedito, sin adorno de ideología, etnia o religión alguna, el gélido cumplimiento de órdenes ahorradoras de cualquier justificación, como eco porfiriano de ¡Mátenlos en caliente! Lo ordenó el jefe, en este caso José Luis Abarca, en calidad de presidente municipal de Iguala, Guerrero. Conferencia estremecedora que no se puede resumir en la frase “Ya me canse”. Sin considerar su significación no articulada en frase alguna por el Procurador, bien pudo haber dicho y con razón: el Estado está perdido.

Es increíble que pasado un mes llegue a esta conclusión. Perder el Estado no es cuestión de días o semanas. Es el resultado de la demolición pertinaz del Estado operada por quienes se encargaron desde la investidura de altas responsabilidades de desprestigiar lo público: Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, Guillermo Martínez Ortiz, José Ángel Gurría, Francisco Gil Díaz, Luis Téllez, Jesús Reyes Heroles Jr., Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Luis Videgaray, en calidad de autores o continuadores del proyecto de apertura comercial instrumentado sin reformar al Estado, sobre grandes desigualdades y graves carencias de justicia. Ciegos ante las consecuencias*  de teorías económicas inviables para un país cuyo aparato público ya se encontraba pervertido por la discrecionalidad, la impunidad, el patrimonialismo, resumidos en una palabra, la corrupción.

Los tecnócratas hicieron del Estado un ujier del Mercado, degradaron el servicio público a la condición de servicios personales a disposición de los funcionarios (Servicios personales que les eran mejor retribuidos a través de licitaciones del tamaño que fueran, formando una pirámide con una cúspide de altos funcionarios cuya base la constituye administrativamente toda “unidad responsable” del sector público que ejerce presupuesto con dineros del erario) En una presunción de mercados perfectos, en verdad un cuento, pues el crecimiento de la economía ha sido mediocre. Eso sí todas las semanas, por no decir que casi diario, hacen público su enamoramiento con los inversionistas, para no ser correspondidos de acuerdo a las expectativas que levantan como la del Nuevo México. En el colmo de tratar al mercado como persona y a las personas como cosas.

El largo proceso reformador privatizó la función pública. Logrado esto, el arribo del crimen organizado a Estados y municipios era cuestión de tiempo, la alternancia del año 2000 fue el marco perfecto para ello. Desde entonces a la fecha la violencia criminal sentó sus reales. Violencia que tiene miles de familias agraviadas, pero no hubo advertencia alguna de parte de los genios de las reformas que México “necesita”.

Así estamos ahora con la justitificada movilización popular encabezada por estudiantes, que protestan contra los representantes del Estado. Se lo ganaron.

*Como todas las ideologías, entre más simplificadoras resultan más contagiosas y más peligrosas, así ha sido con el llamado “neoliberalismo”, que como política económica aplicada nunca se ha hecho responsable de sus consecuencias.

Las dos fracturas

La conclusión, con dejo de amargura, que hace tiempo me hizo un amigo acerca de la conducta de los políticos, a quienes senteciaba por su proceder demasiado lírico. Esto es no leen, no se instruyen. En la actualidad, a lo más que llegan es a utilizar las herramientas del positivismo lógico, como las estadísticas y las encuestas, permaneciendo totalmente indiferentes de esa filosofía. Pero la cosa está peor, en adición al comentario de mi amigo, se dejan llevar por intuiciones en las que prevalezca su interés inmediato y su futuro personal. Nada que ver con el oficio consagrado al servicio público.

Vivimos días de excepción o cómo la norma se suspende en tanto medio para afirmarse. Alumbrado por la obra de Carl Schmitt, Giorgio Agamben lo dejaría así: “La excepción es una especie de la exclusión. Es un caso individual que es excluido de la norma general. Pero lo que caracteriza propiamente la excepción es que lo excluido no queda por ello absolutamente privado de conexión con la norma; por el contrario, se mantiene en relación con ella en la forma de suspensión. La norma se aplica a la excepción desaplicándose, retirándose de ella. El estado de excepción no es, pues, el caos que precede al orden, sino la situación que resulta de la suspensión de éste” (p.30) Y más adelante “No es la excepción la que se sustrae a la regla, sino que es la regla la que, suspendiéndose, da lugar a la excepción y, sólo de este modo se constituye como regla, manteniéndose en relación con aquélla” (p. 31) El caso es, remata Agamben, es que se crea un espacio-temporal de indistinción entre la norma y la excepción, que se oculta a los ojos de la justicia, “donde tenemos que fijar la mirada.” (p. 54) Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. PRE-TEXTOS, 2013.

Esta perspectiva de observación la adopto para considerar lo sucedido en México desde el 2 de septiembre del año en curso, asomarse a las dos fracturas del Estado mexicano desde la coyuntura actual. Fracturas expuestas cuya formación tiene décadas, nada más que ahora la reiteración de evidencia en la cadena de sucesos no las puede ocultar. Como si la realidad hubiera dado un vuelco mostrando el lado oscuro que siempre ha estado ahí, imperturbable.

El dos de septiembre, ante la élite convocada en Palacio Nacional, se presume un Nuevo México y se llama a poner en acción las reformas. Todo parecía bajo control, pues los mitos estaban desechados y los paradigmas rotos.

El 26 de septiembre, la carroza volvió a su condición de calabaza. La represión a estudiantes en Iguala, donde la policía local hiere, mata y desaparece a normalistas de Ayotzinapa. La narrativa reformadora se rompe.

Todavía no era de creerse, la clase política se sentía segura de sus certidumbres. El 30 de septiembre, el Senado inaugura el “Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional”. Ejemplo de la desubicación de los líderes parlamentarios en el contexto de un país descompuesto que no les inhibe su cínica autocelebración.

Sólo hasta el 6 de octubre tomaron conciencia de manera pública de lo sucedido. La tristemente famosa conferencia de prensa del presidente Enrique Peña Nieto, en la que se expone de manera oficial la indignación por los 43 desaparecidos en Iguala. Como si de tratará de un trámite administrativo, se giran instrucciones a dependencias del Ejecutivo.

Desde esa fecha hasta el mes de noviembre, la excepción se ha convertido en norma.

Es posible que la realidad dé un vuelco o se trata un capítulo de la lucha por el poder para afirmarlo, como en Los Balcanes o la Primavera Árabe, para que todo siga igual.

Más allá de la conjetura, el hecho es que el Estado mexicano presenta dos fracturas por componer. Una se significa en el desplazamiento constitucional de la unidad política del mismo Estado, donde el interés público queda ensombrecido por intereses privados. Intereses privados, que según la ideología económica anarquizante, hacen del mercado el factor único de abundancia económica y armonía social, ignorando el doble filo del interés particular que se expresa mórbidamente en la corrupción y el crimen.

La otra fractura del Estado es la fragmentación del poder desde una democratización de papel, que no alcanza la realización de un cambio de vida para mejorar, que ha servido para consolidar a la clase política sin preocuparse de la formación de ciudadanía. Fragmentación del poder donde la alternancia y el pluralismo, sin advertirlo, han servido de plataforma en la expansión de la delincuencia y la violencia no importando el nivel de gobierno.

Lo importante es componer al Estado mediante la reconstitución de su unidad política, pues para ese propósito el mercado y la fragmentación del poder no nos sirven, pues la dignidad de la vida está primero.

Pero no lo ven así nuestros políticos. Uno, López Obrador, se engalla promoviendo la renuncia del Presidente, desde la pura excepción pues la ley no lo admite. Vende la idea y no falta quien se la trague para después defecarla en las redes sociales y en la prensa. Peña Nieto no se queda atrás, compra la idea de un pacto nacional contra la inseguridad y la corrupción, cuando él mismo le ha dado la puntilla al pacto social establecido en la Constitución y ha fortalecido las condiciones prexistente de operación real de la corrupción y la inseguridad con las llamadas reformas que México necesita.

Teniendo los recursos,  el Ejecutivo no se atreve a hacer uso de los medios a su disposición. No me refiero a la violencia, sino a la estricta aplicación de la ley. Pero la excepción es un mal heredado del siglo XX, la ficción constitucional.

Se soltó el México bronco

El huracán sigue girando en el mismo sitio, estacionado, sin desplazamiento ni dispersión, exponiendo la fragilidad de las instituciones. Así se encuentra la resolución jurídico-política sobre los 43 jóvenes desaparecidos por policías municipales, jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En estas condiciones de indefinición permanente, Ayotzinapa es cauce para un torrente en el que confluyen rabia, resentimiento y rencor acumulados por la sociedad civil, debido a causas  específicas y diversas, que hacen una mezcla incendiaria de inconformidad entre la población. En medio del torrente la ruindad se aparece para lucrar con la desgracia, Morena y el PT. Sólo estas agrupaciones sabrán por qué lo hacen.

A la intemperie, expuesta en su indefensión, la ciudadanía se pregunta en qué punto se perdió la promesa de un México reformado por el ensalmo del mercado y las elecciones “libres”, dónde no se terminó por distinguir entre el cambio y el quebrantamiento constitucional (Este giro a consideración de la lectura de Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, 2011. Un clásico polémico del año 1927)

Cambios muy efectivos para recrear un mundo feliz a los magnates como Emilio Azcárraga, Albertos Bailleres, Claudio X. González, Roberto Hernández, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Carlos Slim, entre otros. Cambios efectivos para consolidar una clase política aburguesada en el papel de palafrenero, sometida al patronazgo de los que amasan grandes fortunas en México. Nada más ver a los políticos en la cumbre de negocios que se está celebrando en Querétaro, donde uno de los “Chuchos”, Graco Ramírez, se rasga las vestiduras. Además, el organizador es un modelo familiar de hacer fortuna aprovechando los cargos públicos, Miguel Alemán Velasco.

Quebrantamiento constitucional del pacto social y su correlato de violencia, quebrantamiento por sobre el cual ha medrado y se ha impuesto  el violento en su personificación de la delincuencia organizada. Se exhibe un gobierno vulnerable en todos sus niveles, pero sobre todo el municipal. Un Nuevo México sin cimientos en el gobierno local. Un Nuevo México que no construyó la distinción pertinente, la separación justa entre los negocios privados y los asuntos públicos. Así, de la mano de la tecnocracia ha vuelto el México bronco (Expresión de Jesús Reyes Heroles para conjurar el mal al momento de la reforma política de 1977)

Síntoma de la descomposición por no distinguir lo público de lo privado, es la formación de organizaciones aberrantes como la Conferencia Nacional de Gobernadores y las diversas asociaciones de presidentes municipales surgidas al calor de la primera alternancia ¿Para qué sirven? De plataforma para la promoción política en el foro nacional. Fundadas en el derecho civil pero sin sustento en el derecho público ¿Qué han hecho para contener la influencia del crimen organizado? Cínicamente se justificarán diciendo que es un asunto federal, del gobierno federal. En los hechos se han limitado, por omisión o acción, a pactar con el crimen una coexistencia ruinosa para la ciudadanía.

En todo este desorden circular, en repetición, desde el 26 de septiembre –hace ya más de un mes- lo sucedido en Iguala, Guerrero, ha traído una serie de inculpaciones y exculpaciones entre actores políticos. De manera directa e ineludible una fuerza política, el PRD, queda estremecida al tiempo que descobija el esquema mafioso que se estila en la asignación de las candidaturas políticas, sobre las cuales la autoridad electoral queda totalmente al margen y en calidad de cómplice involuntario, pues al final de la jornada sella la “legitimidad” de los delincuentes.

También queda afectado el gobierno federal, no en el sentido de la falacia de crimen de Estado que algunos argumentan. Más bien cabría hablar de indolencia de Estado. Adormecido en el autoelogio de sus “logros”, el gobierno federal mostró reflejos lentos, lentísimos. Escudándose en las normas medrosas del federalismo, no dispuso acción política así fuera con una justificación administrativa de colaboración para inducir la justicia efectiva y cierta, esclareciendo con prontitud los hechos. Inicialmente, Peña Nieto dejó en manos del gobernador Aguirre Rivero la solución ¡Vaya error!

La verdad histórica de lo que pasó en Iguala ha quedado destrozada, pero no es  difícil de reconstruir. No es recurriendo a la convocatoria de “blindajes”, el recurso retórico a modo de los ineptos del fallido proyecto ultraliberal, como se van a solucionar las cosas.